Medellín, 3 de enero de 2026. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) formalizó una sanción contra el proyecto hidroeléctrico Ituango, en Antioquia, por incumplimientos ambientales detectados durante su ejecución. La multa asciende a $753,1 millones y se basa en cuatro infracciones específicas acreditadas en el proceso sancionatorio iniciado en 2018.
Detalles de la resolución sancionatoria
La decisión quedó consignada en la Resolución 003535 del 17 de diciembre de 2025, notificada electrónicamente el 30 de diciembre. El proceso se originó en el Auto 1161 de 2018, mediante el cual la ANLA abrió investigación formal contra Hidroituango.
La autoridad ambiental declaró responsable al proyecto por los siguientes hechos:
- Captación de agua en volúmenes superiores a los autorizados en la concesión concedida.
- Ausencia de reconformación y recuperación del cauce del río San Andrés y su zona de inundación.
- Incumplimiento de límites máximos permisibles de material particulado y contaminantes atmosféricos en la planta de asfalto ubicada en la zona industrial El Valle.
- Omisión de medidas ambientales establecidas en el Plan de Manejo y Disposición de Materiales y en las Zonas de Botadero.
La ANLA determinó que estas conductas generaron afectaciones al medio ambiente, justificando la imposición de la multa. No obstante, absolvió a Hidroituango de otros cargos formulados, al considerar insuficientes las pruebas presentadas.
Respuesta de Empresas Públicas de Medellín
Empresas Públicas de Medellín (EPM), en su calidad de mandataria del proyecto Hidroituango, anunció la presentación de recurso de reposición en vía administrativa y el ejercicio de acciones judiciales pertinentes. La entidad manifestó discrepancias con algunos fundamentos de la resolución sancionatoria.
Implicaciones macroeconómicas y financieras
La sanción representa un costo adicional para Hidroituango, proyecto clave en la matriz energética colombiana con capacidad instalada proyectada de 2.400 MW. La multa, aunque significativa en términos absolutos, equivale a una fracción mínima del presupuesto total del proyecto —estimado en más de $20 billones tras sobrecostos acumulados—.
Inversores en bonos y títulos de EPM monitorean el impacto en calificaciones crediticias y flujos de caja. La entidad mantiene deuda soberana implícita y acceso a mercados internacionales, pero acumulaciones de sanciones ambientales podrían elevar primas de riesgo en emisiones futuras.
El proyecto Ituango contribuye al 17% aproximado de la generación hidroeléctrica nacional una vez entre en operación plena, prevista para 2026-2027. Retrasos o costos adicionales por cumplimiento ambiental afectan proyecciones de tarifas eléctricas reguladas y estabilidad del sistema interconectado.
Analistas estiman que resoluciones definitivas en vía administrativa y judicial requerirán 12-24 meses, período durante el cual persisten riesgos contingentes. Una mayor rigor en licenciamiento ambiental para megaproyectos hidroeléctricos podría influir en cronogramas de inversión extranjera directa en infraestructura energética, sector que representa cerca del 4% del PIB colombiano.
La evolución del caso resalta tensiones entre desarrollo de infraestructura energética y cumplimiento de estándares ambientales en un contexto de transición hacia matrices más sostenibles.
