Bogotá, 31 de diciembre de 2025. Un grupo de organizaciones empresariales, académicas y regionales expresó su “profunda preocupación” por el incremento del 23,7% al salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV) para 2026 –decretado por el presidente Gustavo Petro–, que eleva el ingreso total a $2.000.000. En el documento conjunto “Reflexiones sobre el salario mínimo: La informalidad y el empleo en Colombia – poner en el centro a quienes están hoy por fuera”, entidades como ANIF, Red PRO y el Consejo Privado de Competitividad advirtieron que un ajuste por encima de inflación (5,3 %) y productividad estancada amplía la brecha entre trabajadores formales e informales.
El pronunciamiento –respaldado por think tanks regionales como ProPacífico, ProBogotá, ProBarranquilla, ProAntioquia, ProCaldas, ProTolima, ProBoyacá, ProSanta Marta, ProRisaralda, ProSantander y PRONIQUINIA– subrayó que más de la mitad de los ocupados en Colombia son informales, y que muchos empleadores –especialmente MiPyme– no tienen capacidad para absorber alzas laborales significativas.
“El impacto no es abstracto: puede hacer inviable el empleo formal para pequeños negocios, empujando a más trabajadores hacia la informalidad”, señalaron los firmantes.
Informalidad: el costo oculto del aumento
El documento enfatizó que trabajadores informales enfrentan mayores costos en servicios esenciales (salud, vivienda, transporte, educación) sin protecciones del empleo formal. “Decisiones sin medidas de productividad y formalización dificultan contratación formal. Proteger ingreso real requiere crecimiento, aumento de productividad, generación de empleo formal y transferencias focalizadas, no barreras que excluyan”.
Los firmantes criticaron la decisión unilateral: “Decisiones impuestas, sin escuchar a quienes no están en la mesa, profundizan exclusión. Colombia necesita avanzar hacia país más justo, donde oportunidades lleguen a quienes hoy están fuera del sistema”.
Llamado a diálogo y políticas inclusivas
Las organizaciones insistieron en centrar políticas en excluidos: “Necesitamos proteger ingreso real mediante productividad, formalización y empresas sostenibles, no mediante medidas que dificulten acceso al empleo formal”.
En un 2026 con reforma laboral en implementación y emergencia económica, el pronunciamiento refuerza críticas gremiales (ANDI, Fenalco, Camacol) sobre riesgos macro: mayor informalidad, menor inversión y presión inflacionaria.
El debate cierra 2025 con foco en equilibrio: dignidad laboral vs. sostenibilidad para mayoría informal.
