Bogotá, 23 de diciembre de 2025. El presidente Gustavo Petro, junto a todo su gabinete ministerial, firmó el Decreto 1390 del 22 de diciembre, declarando el estado de emergencia económica y social en todo el territorio nacional por 30 días (prorrogables hasta 90 en el año). La medida faculta al Ejecutivo a expedir decretos con fuerza de ley para conjurar la crisis fiscal, incluyendo creación o modificación de tributos.
El objetivo: recaudar $16,3 billones para cubrir el desfinanciamiento del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026, tras el hundimiento de la segunda reforma tributaria en el Congreso.
Facultades extraordinarias y control posterior
El decreto permite al Gobierno adoptar “todas las medidas necesarias” para conjurar la crisis, incluyendo operaciones presupuestales (artículo 2). Al vencimiento, el Congreso será convocado en 10 días para control político (artículo 4).
La Corte Constitucional revisará automáticamente la constitucionalidad del decreto y medidas subsiguientes.
Los ocho “hechos sobrevinientes y concurrentes” invocados
El Gobierno argumenta una “situación grave e inminente” que afecta el goce de derechos fundamentales y prestación de servicios esenciales. Los considerandos enumeran:
- Obligatoriedad del auto de la Corte Constitucional sobre unificación de la UPC en salud (~$3,3 billones extra).
- Garantía de seguridad ciudadana ante alteraciones de orden público, atentados a líderes sociales y riesgos electorales.
- No aprobación de dos proyectos de Ley de Financiamiento (2025: $12 billones; 2026: $16,3 billones).
- Desastres naturales por ola invernal.
- Sentencias judiciales pendientes de pago.
- Obligaciones atrasadas (subsidios eléctricos y combustible).
- Agotamiento de alternativas de endeudamiento (Regla Fiscal) y restricciones por medidas unilaterales de EE.UU.
- Restricciones en caja de la Tesorería General.
El ministro Germán Ávila Plazas resumió: “Estamos cerrando un año de esfuerzos de equilibrio fiscal, pero los ingresos no crecieron al ritmo proyectado”.
Próximos pasos: decretos con nuevos tributos
En los próximos días se esperan los primeros decretos legislativos. Borradores filtrados incluyen:
- Impuesto al patrimonio para personas jurídicas (desde 40.000 UVT).
- Aumento de GMF (base 5×1.000).
- IVA a juegos de azar en línea.
- Gravámenes a cigarrillos/tabaco.
- Impuesto temporal 1 % a extracción de hidrocarburos/carbón.
Críticas y debate constitucional
Oposición y gremios (ANDI, Fenalco) cuestionan legalidad: no hay “hechos sobrevinientes imprevisibles” (rechazo tributario es democrático normal). Analistas como Luis Fernando Mejía (Fedesarrollo) señalan que $16,3 billones son solo 3 % del PGN, insuficiente para perturbar gravemente el orden económico (art. 215 Constitución).
Esta sería la cuarta emergencia económica de Petro (tras La Guajira, Catatumbo y fiebre amarilla).
El decreto –expedido en inicio de vacancia judicial– genera alerta por posible falta de control oportuno. La Corte Constitucional tendrá la última palabra.
