Bogotá, 20 de diciembre de 2025. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó que el Gobierno se prepara para declarar un estado de emergencia económica con el objetivo de recaudar $16 billones adicionales en 2026, tras el hundimiento definitivo de la segunda reforma tributaria en el Congreso. Esta sería la cuarta emergencia económica en la administración Petro y la décima en tres años, motivada por el “desfinanciamiento” del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026 y la unificación de la UPC ordenada por la Corte Constitucional.
Ávila explicó que el Congreso aprobó el PGN asumiendo $16 billones de la reforma tributaria, pero su rechazo dejó un hueco que ahora se busca tapar vía decreto legislativo. “Esperamos recuperar los recursos que el Congreso desfinanció: el presupuesto ya está desfinanciado en $16,3 billones”, afirmó el ministro.
Los gravámenes propuestos en el borrador de decreto
El documento preliminar –conocido por este diario y sujeto a ajustes– consta de tres capítulos:
- Impuesto al patrimonio para personas jurídicas (nuevo gravamen):
- Se genera para patrimonios ≥ 40.000 UVT (~$2.095 millones en 2026).
- Expertos como Lisandro Junco (exdirector DIAN) critican: “Pega al flujo de caja, desincentiva inversión y empleo, especialmente en pymes”.
- Posse Herrera Ruiz recuerda que este impuesto existió antes, pero hoy solo aplica a personas naturales.
- Impuestos indirectos (similares a la reforma caída):
- IVA a juegos de suerte y azar en línea (base: depósitos en dinero o criptoactivos, divididos por 1,19).
- Gravamen a movimientos financieros (base 5×1.000).
- Cigarrillos y tabaco: $11.200 por cajetilla de 20 unidades (o proporcional); $891 por gramo de picadura/rapé.
- Impuesto especial para estabilidad fiscal (temporal 1 %):
- Grava extracción de hidrocarburos y carbón.
- Sujetos pasivos: exportadores con renta líquida ≥50.000 UVT en año anterior (incluyendo vinculados).
Adicionalmente, la unificación de la UPC (contributivo y subsidiado) ordenada por la Corte costaría $3 billones extra, segundo hecho sobreviniente invocado.
Críticas: “No hay perturbación grave e inminente”
Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, cuestiona la constitucionalidad: “Los $16 billones representan menos de 3 % del PGN 2026. Imposible argumentar que perturba de forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico, como exige el artículo 215 de la Constitución”.
Gremios minero-energéticos y empresariales (ANDI) piden a la Corte suspensión provisional, alegando exceso de poder ejecutivo.
Ávila defiende: sin emergencia, el recorte total sería $26,3 billones ($10 billones iniciales + $16,3 billones por reforma caída).
Contexto: un año de ajustes fiscales
2025 cierra con recortes acumulados de $14,3 billones ($12 billones inicial + $2,3 billones adicional). La emergencia buscaría evitar más tijeretazos a inversión, vías 4G o proyectos como el Metro de Bogotá.
Esta sería la cuarta emergencia de Petro:
- La Guajira (humanitaria).
- Catatumbo (violencia).
- Fiebre amarilla (salud).
El decreto, aún en borrador, requeriría control automático de la Corte Constitucional. Expertos anticipan debate jurídico intenso por posible abuso de facultades extraordinarias.
El Gobierno insiste en que es la única vía para “preservar sostenibilidad fiscal”. La oposición y analistas ven riesgo de inseguridad jurídica y rechazo a más impuestos.
2026 arranca con incertidumbre: emergencia económica en el horizonte, mientras el país busca equilibrar cuentas sin frenar crecimiento.
