Bogotá, 16 de diciembre de 2025. Tal como se anticipaba, la mesa de concertación salarial cerró su fase regular sin consenso. Los empresarios mantuvieron su propuesta de 7,21 % y los sindicatos su exigencia de un aumento de dos dígitos (16 %).
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, confirmó que no hubo acercamiento y anunció los próximos pasos: las partes radicarán sus salvedades esta semana y, con base en ellas, el Gobierno –junto al presidente Gustavo Petro– decidirá si abre un “segundo tiempo” de negociaciones extraordinarias o fija el incremento por decreto antes del 30 de diciembre.
Las posiciones que no se movieron ni un centímetro
Desde el inicio de las sesiones, las diferencias fueron abismales:
- Sindicatos (CUT, CTC y otras centrales): 16 %, lo que llevaría el salario mínimo de $1.423.500 a $1.650.680 + auxilio de transporte de $232.000. Argumentan recuperación del poder adquisitivo perdido en años anteriores y la necesidad de un “salario digno”.
- Empresarios (ANDI, Fenalco y otros gremios): 7,21 %, resultando en $1.525.598 + auxilio de $214.420. Se basan en la fórmula técnica (inflación esperada 5,3 % + productividad 0,91 % = 6,21 %) más un punto adicional como gesto de buena voluntad.
Fabio Arias, presidente de la CUT, lo resumió sin rodeos: “Como se preveía, no iba a haber acuerdo. Los empresarios se pegaron de factores técnicos. Mientras no se muevan, las centrales no nos moveremos”.
El ministro Sanguino reconoció la distancia, pero destacó que ambas partes mostraron disposición inicial para dialogar. Sin embargo, la condición sindical de un aumento de dos dígitos como punto de partida bloqueó cualquier avance.
El calendario que apremia: del 16 al 30 de diciembre
Con la fase regular cerrada, entra en juego el procedimiento legal:
- 16 y 17 de diciembre: Empresarios y sindicatos radican por escrito sus salvedades (observaciones a la propuesta contraria y argumentos generales).
- 18 y 19 de diciembre: El Ministerio de Trabajo analiza esas salvedades.
- 22 al 26 de diciembre (con posible extensión al 29): Espacios bilaterales o multilaterales extraordinarios si el Gobierno considera viable un “segundo tiempo”.
- 30 de diciembre: Fecha límite legal. Si no hay acuerdo, el presidente Petro fija el aumento por decreto.
De llegar a decreto, sería el tercer año consecutivo (2024 y 2025 también se decidieron así), rompiendo con la tradición de concertación que, desde 2000, solo ha logrado acuerdo en nueve ocasiones.
Sanguino fue claro: “Examinaremos las salvedades y definiremos si habilitamos espacios bilaterales. Con base en eso, decidiremos con el presidente si nos damos un segundo tiempo o si, definitivamente, el salario mínimo se expedirá por decreto”.
¿Por qué es tan difícil el acuerdo este año?
La inflación ha bajado a 5,3 % (noviembre 2025, según DANE), la más baja en años, y la productividad laboral se estima en 0,91 %. Eso da la fórmula técnica de 6,21 %, cerca de la oferta empresarial. Los sindicatos, en cambio, miran el acumulado: en los últimos cinco años el mínimo subió $545.697, pero argumentan que la canasta familiar sigue cara y que un aumento mayor impulsaría el consumo interno.
Desde el lado empresarial, un salto al 16 % significaría costos adicionales que, según Fenalco, podrían traducirse en más informalidad (ya en 58 %) y menos empleo formal, especialmente en pymes.
El Gobierno, por su parte, ha mantenido silencio sobre su cifra. Fuentes cercanas indican que Petro analiza algo entre 12 % y 14 %, pero todo depende de si ve factible un consenso en el “segundo tiempo”.
¿Qué significa esto para los 2,4 millones de trabajadores al mínimo y los 11 millones que ganan menos?
Un aumento por decreto suele ser más alto que la oferta empresarial (en 2025 fue 9,54 % vs. propuesta gremial de 8 %), pero menor que la sindical. El impacto es directo:
- Más plata en el bolsillo para comida, transporte y educación.
- Pero también posible subida de precios en servicios indexados al mínimo (multas, pensiones, arriendos).
- Efecto en la economía: mayor consumo vs. presión en costos laborales.
Con el calendario ajustado y posiciones rígidas, todo apunta a que 2026 arrancará, otra vez, con decreto. El “Día D” real será el 30 de diciembre, cuando se conozca la cifra definitiva que definirá el año para millones de hogares colombianos.
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