Bogotá, 16 de diciembre de 2025. En el último día de la legislatura ordinaria, la Comisión Séptima del Senado retomó y archivó definitivamente el proyecto de reforma a la salud del Gobierno de Gustavo Petro. Con ocho votos a favor del archivo y cinco en contra, la iniciativa –que buscaba transformar radicalmente el sistema al fortalecer el rol del Estado a través de la Adres y reducir el poder de las EPS– quedó hundida por segunda vez consecutiva, esta vez sin posibilidad inmediata de resurrección en esta legislatura.
La sesión, que había estado paralizada por casi dos meses debido a la falta de aval fiscal, se reanudó esta mañana con intervenciones del ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien intentó defender la viabilidad financiera del proyecto. Sin embargo, las dudas sobre los recursos –señaladas por senadores como Nadia Blel y respaldadas por informes de centros de pensamiento como Anif– pesaron más y terminaron sellando el destino de la reforma.
Un debate marcado por la falta de aval fiscal y la desconfianza
El principal obstáculo fue la insuficiencia presupuestal. El aval fiscal presentado por el Ministerio de Hacienda en agosto estimaba ingresos anuales de $112 billones para el nuevo sistema, con fuentes como aportes de la Nación ($44 billones), cotizaciones de trabajadores ($37,5 billones), SGP en salud ($20 billones), otras fuentes ($8,2 billones) y impuestos saludables ($2,3 billones iniciales).
Sin embargo, Anif advirtió dos riesgos graves:
- El crecimiento proyectado de cotizaciones depende de una reducción drástica de la informalidad laboral (actualmente superior al 50 %), algo que la misma reforma laboral –recién aprobada– podría complicar al generar, según estimaciones, hasta 180.000 empleos perdidos en su primer año.
- Los impuestos saludables (a bebidas azucaradas y ultraprocesados) no son una fuente permanente: su objetivo es desincentivar el consumo, lo que ya redujo el consumo diario del 24,2 % en 2022 al 19,2 % en 2023, y podría disminuir aún más los ingresos futuros.
Estas dudas, sumadas a la espera hasta el último día para debatir, hicieron imposible el consenso. El ministro del Interior, Armando Benedetti, criticó duramente la demora: “Han jugado con la salud de los colombianos de una forma cochina y barata”, escribió en X, aludiendo a que dejarlo para el final evita mecanismos de salvamento como los usados con la reforma laboral (hundida inicialmente y luego aprobada tras cambio de comisión).
Reacciones inmediatas: apelación, críticas y advertencias
Tras la votación, el senador Fabián Díaz suscribió una apelación firmada por cinco congresistas (incluidos Wilson Arias y Martha Peralta) para intentar revivir el proyecto en otra comisión, similar a lo ocurrido con la reforma laboral en el primer semestre. Este recurso podría permitir que el trámite continúe en 2026 o que el presidente Petro convoque sesiones extraordinarias antes de finalizar el año.
El Ministerio de Salud reaccionó con dureza: “Con este hundimiento se bloquean los cambios que el país exige y se mantiene un sistema que ha fallado durante décadas, que no responde a los pacientes, precariza a los trabajadores y castiga especialmente a los territorios más apartados”.
Desde la oposición, senadores como Nadia Blel celebraron la decisión, argumentando que la reforma carecía de sostenibilidad financiera y ponía en riesgo la atención oportuna.
El futuro incierto de la reforma bandera
Con este segundo archivo, la reforma a la salud –uno de los proyectos estrella del Gobierno Petro– queda en limbo. Aunque la apelación podría abrir una ventana, el calendario legislativo es ajustado y la resistencia en el Congreso se ha fortalecido tras el hundimiento de la tributaria y otros proyectos.
Expertos coinciden en que, sin consenso fiscal ni mayorías claras, el sistema de salud colombiano seguirá operando bajo las reglas actuales, con las EPS como gestoras principales, mientras persisten problemas como demoras en citas, deudas acumuladas y desigualdad regional.
El Gobierno tiene ahora dos opciones: insistir vía extraordinarias (con el riesgo de más rechazo) o buscar acuerdos parciales en 2026. Lo cierto es que, por segunda vez, la Comisión Séptima dijo “no” a la transformación profunda que prometía el presidente Petro.
