Medellín, 18 de noviembre de 2025. La Junta Directiva de Empresas Públicas de Medellín (EPM) autorizó el programa de enajenación para transferir la totalidad de las acciones que posee en Inversiones Telco S.A.S. —vehículo que controla el 50% de Tigo-UNE—, con un valor base de $110.449 millones.
La operación, sujeta a la Ley 226 de 1995 sobre democratización y enajenación de entidades públicas, busca desinvertir en activos no estratégicos y redirigir recursos hacia el núcleo de negocios del grupo.
Marco regulatorio y procedimiento
La Ley 226 de 1995 faculta al gerente general de EPM, John Maya Salazar, para expedir los reglamentos y lineamientos de cada etapa del proceso de venta. Este incluye publicación de pliegos, recepción de ofertas, subasta pública o adjudicación directa bajo criterios de transparencia y maximización de valor, con supervisión de la Superintendencia Financiera y eventual aval de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por implicaciones en concentración sectorial.
Un paso previo clave se cumplió en octubre de 2025, cuando la Superfinanciera autorizó la inscripción de las acciones de Tigo-UNE en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE), habilitando su negociación en el mercado secundario y facilitando la estructuración de la transacción.
Razones estratégicas de la desinversión
EPM justificó la salida de Tigo-UNE como parte de una revisión de portafolio que prioriza negocios core: generación, transmisión y distribución de energía; acueducto y alcantarillado; distribución de gas natural; y gestión de residuos. La participación en telecomunicaciones —heredada de la fusión UNE-Tigo en 2014— representa menos del 5% del valor empresarial consolidado del grupo, que supera los COP$80 billones en activos.
La liquidez generada (estimada en $110.449 millones base, potencialmente superior por primas de oferta) se destinará a financiar el Plan de Inversiones 2025-2030, que contempla CAPEX por más de COP$25 billones en proyectos como Hidroituango (etapas finales), expansión de redes eléctricas en Antioquia y modernización de infraestructura hídrica.
Contexto de la operación Tigo-UNE y potenciales compradores
La venta del 50% de EPM se produce en paralelo a la integración autorizada por la SIC entre Tigo-UNE (Millicom) y Telefónica (Movistar), condicionada a medidas de competencia. Millicom, socio histórico con el otro 50%, cuenta con derecho de preferencia y ha manifestado interés en adquirir la participación remanente para consolidar control total.
Otros posibles oferentes incluyen fondos de infraestructura regionales (como Brookfield o KKR, con presencia en telecom LatAm) y operadores estratégicos interesados en el espectro y red de fibra de Tigo-UNE, que cubre más del 60% del mercado móvil en Antioquia y genera EBITDA anual superior a COP$1,5 billones.
Implicaciones macrofinancieras para EPM y el mercado colombiano
La transacción representa la mayor desinversión de un activo público no core desde la venta de ISA en 2021 (por Ecopetrol). Para EPM —calificada AAA por Fitch y S&P local—, la operación mejora indicadores de endeudamiento (deuda neta/EBITDA proyectado <3,5x post-venta) y libera capacidad de fondeo para emisiones internacionales, en un contexto donde el grupo mantiene inversiones obligatorias por más de COP$4 billones anuales.
En el sector telecom, la eventual consolidación bajo Millicom o un nuevo controlador podría acelerar sinergias en 5G y fibra óptica, aunque requerirá compromisos adicionales ante la SIC para preservar competencia efectiva en regiones donde Tigo-UNE y Movistar coinciden.
Para inversionistas institucionales, el proceso de enajenación bajo Ley 226 garantiza transparencia y potencial upside sobre el valor base, con pliegos que probablemente incluyan bloques indivisibles y garantías de continuidad operativa. La valoración implícita ($110.449 millones por 50%) sitúa el enterprise value de Tigo-UNE en torno a COP$4-5 billones, múltiplo EV/EBITDA 2025 estimado de 5-6x, atractivo frente a peers regionales (Millicom 7-8x, América Móvil 6-7x).
La ejecución exitosa de esta enajenación consolidaría la estrategia de focalización de EPM en servicios públicos esenciales, fortaleciendo su balance para afrontar riesgos climáticos, regulatorios y de ejecución en proyectos de infraestructura crítica, mientras transfiere un activo maduro a manos privadas con mayor capacidad de inversión en capex tecnológico.
