Bogotá, 18 de noviembre de 2025. La compañía canadiense Canacol Energy Ltd., con operaciones concentradas en exploración y producción de gas natural en Colombia, solicitó protección a acreedores bajo la Companies’ Creditors Arrangement Act (CCAA) ante la Corte del King’s Bench de Alberta.
La medida busca una suspensión de procedimientos y la reestructuración de pasivos en un contexto de agotamiento de liquidez, con solo US$36,5 millones en caja al cierre del tercer trimestre de 2025.
Detonantes inmediatos de la solicitud de protección
El principal catalizador fue la activación de una cláusula de aceleración en un préstamo senior secured de US$50 millones contratado con Macquarie Group en septiembre de 2024. Esta cláusula, desencadenada por caídas sostenidas en la producción por debajo de ciertos umbrales durante periodos consecutivos, obligó a la empresa a iniciar amortizaciones mensuales de US$6,25 millones a partir de septiembre de 2025, en lugar del calendario original más dilatado.
Adicionalmente, un laudo arbitral emitido el 7 de noviembre de 2025 condenó a filiales de Canacol al pago de aproximadamente US$22 millones a VP Ingenergía S.A.S. E.S.P., derivado de la terminación de tres contratos de suministro de gas natural. El laudo, que será vinculante a partir del 20 de noviembre tras posibles aclaraciones, se suma a vencimientos de deuda por US$25 millones concentrados en noviembre.
Estos factores confluyeron con una producción reducida de gas natural y un incremento en cuentas por pagar comerciales, agotando la posición de liquidez de la compañía.
Alcance del procedimiento CCAA y operaciones en Colombia
La CCAA permite a empresas insolventes con pasivos superiores a CAD$5 millones reestructurar sus obligaciones bajo supervisión judicial, maximizando el valor para stakeholders y preservando la continuidad operativa. Canacol designó a KPMG como monitor del proceso, cuya información pública está disponible en el sitio dedicado https://kpmg.com/ca/canacol.
La empresa prevé solicitar reconocimiento del procedimiento inicial en Estados Unidos bajo el Chapter 15 del Código de Quiebras y en Colombia, donde concentra la totalidad de sus activos productivos. Durante la estancia de procedimientos, Canacol mantendrá sus operaciones en los campos de VIM, Esperanza y Ranchería en el norte del país, aunque sin certeza sobre el resultado final de la recapitalización.
Entre los pasivos a reestructurar figuran los Títulos Preferenciales Senior Notes con vencimiento en 2028 y una línea de crédito revolvente de hasta US$200 millones.
Contexto financiero y alertas previas de continuidad
Los estados financieros del tercer trimestre de 2025, publicados el 17 de noviembre, incluyeron una nota de “dudas significativas sobre la capacidad de continuidad como empresa en marcha” (going concern), precisamente por la combinación de menor producción, la cláusula de aceleración del préstamo Macquarie y el laudo arbitral pendiente.
A septiembre de 2025, Canacol reportó ingresos operativos estables pero márgenes presionados por menores volúmenes vendidos y mayores costos financieros. La liquidez disponible de US$36,5 millones resultaba insuficiente para cubrir los pagos inmediatos sin refinanciación o waiver de covenants, opciones que no se materializaron.
Implicaciones macrofinancieras para el sector energético colombiano
Canacol representa cerca del 20% de la oferta de gas natural en la costa Caribe colombiana, región que depende en alto grado de importaciones y producción local para atender demanda térmica y residencial. Un eventual fracaso en la reestructuración podría generar disrupciones en el suministro, presiones alcistas en precios spot y mayor exposición a volatilidad externa, en un momento donde el país transita hacia la descarbonización pero mantiene dependencia transitoria del gas.
Para tenedores de bonos —con los Senior Notes 2028 cotizando por debajo de 40 centavos por dólar previo al anuncio— y acreedores bancarios, el proceso CCAA prioriza la recuperación ordenada sobre ejecuciones individuales, aunque con riesgo de haircuts significativos en función del plan de arreglo que se apruebe.
En términos de política crediticia, el caso ilustra los riesgos de covenants basados en métricas operativas volátiles en commodities, particularmente en jurisdicciones emergentes con exposición a eventos de fuerza mayor y disputas contractuales. La resolución exitosa del CCAA podría servir como precedente para reestructuraciones cross-border en el sector upstream latinoamericano, donde la combinación de deuda en dólares y activos locales complica ejecuciones.
