Bogotá, 18 de noviembre de 2025. La Comisión Tercera de la Cámara de Representantes aprobó el 18 de noviembre de 2025, en primer debate, un proyecto de ley de iniciativa congresional orientado a la reactivación económica, que combina medidas de recaudo adicional con incentivos fiscales y facilidades crediticias.
La iniciativa, que busca recaudar entre 5 y 6 billones de pesos, avanza en paralelo al estancado debate de la reforma tributaria del Gobierno y requiere aún tres debates legislativos, además del aval ejecutivo para su trámite.
Estructura dual del proyecto
El articulado se divide en dos ejes principales: uno recaudatorio, enfocado en la ampliación de bases gravables para generar ingresos fiscales adicionales, y otro de estímulos, destinado a dinamizar sectores productivos mediante beneficios tributarios y acceso al crédito.
Esta arquitectura responde a la necesidad de equilibrar la sostenibilidad fiscal con el impulso al crecimiento en un contexto de bajo dinamismo económico y restricciones presupuestales para 2026.
Medidas recaudatorias propuestas
Entre los nuevos gravámenes destacados figuran:
- Un impuesto del 6% sobre el uso de plataformas digitales, aplicable a transacciones realizadas por usuarios residentes en Colombia, alineado con tendencias regionales de tributación a la economía digital y la presencia económica significativa establecida desde 2024.
- Gravámenes específicos a importaciones realizadas a través de plataformas de comercio electrónico de bajo valor, como Temu o Shein, con el objetivo de nivelar la competencia con el comercio local y capturar ingresos por envíos postales y courier que actualmente operan con exenciones parciales.
- Extensión y actualización del impuesto al consumo de tabaco a vapeadores, cigarrillos electrónicos y dispositivos similares con nicotina, con incrementos anuales indexados al IPC más cuatro puntos porcentuales, justificando la medida en razones de salud pública y recaudo adicional.
Estas disposiciones buscan cerrar brechas en la tributación de consumos emergentes y digitales, estimando aportes significativos al fisco sin alterar las tarifas generales de IVA o renta corporativa en esta fase inicial.
Incentivos y beneficios para la reactivación
El segundo capítulo prioriza estímulos fiscales y financieros:
- Facilidades en créditos del Fondo Nacional de Ahorro (FNA) sin requisito de hipoteca para ciertos segmentos poblacionales, ampliando el acceso a vivienda y consumo en un entorno de tasas de interés aún restrictivas.
- Descuentos tributarios por donaciones a fondos de protección y apoyo a personas con discapacidad, incrementando el incentivo actual del 25% sobre el valor donado, con el propósito de canalizar recursos privados hacia programas de inclusión social.
- Beneficios para el reemplazo de flota de transporte público y de carga, incluyendo deducciones aceleradas o exenciones parciales en impuestos nacionales y territoriales, orientados a la renovación vehicular con estándares ambientales y de eficiencia energética.
Estas medidas se complementan con autorizaciones para que entidades territoriales reorienten rentas hacia inversión en infraestructura local entre 2025 y 2027.
Trámite legislativo pendiente y condicionantes
Al tratarse de iniciativa congresional con impacto fiscal, el proyecto requiere mensaje de urgencia o aval del Gobierno Nacional para continuar su curso. Tras la aprobación en comisión, avanza a plenaria de la Cámara de Representantes, seguida de primer debate en comisión del Senado y cierre en plenaria senatorial. Cualquier modificación sustancial podría derivar en conciliación entre cámaras.
Implicaciones macroeconómicas y fiscales
En un escenario donde el crecimiento proyectado para 2025 ronda el 2,8% y persisten presiones sobre el déficit fiscal, este proyecto representa una alternativa híbrida: recaudo moderado (5-6 billones) sin los alcances de una reforma estructural, combinado con estímulos selectivos que podrían activar multiplicadores en construcción, transporte y consumo privado.
Para el sector privado, los nuevos gravámenes a digitales y vapeadores implican ajustes en precios finales y cumplimiento, mientras que los incentivos en crédito y donaciones mejoran la planeación fiscal corporativa. Para inversores, el avance de esta iniciativa reduce incertidumbre sobre fuentes alternativas de financiamiento público para 2026, aunque su impacto neto dependerá de la magnitud final de los estímulos versus el recaudo efectivo.
En perspectiva regional, Colombia se alinea con países que gravan progresivamente la economía de plataformas y productos de riesgo sanitario, fortaleciendo la base fiscal sin depender exclusivamente de renta o patrimonio. La resolución del trámite en las próximas semanas será clave para calibrar el cierre fiscal del año y las proyecciones de inversión privada en 2026.
