Medellín, 10 de noviembre de 2025. El sector energético colombiano, motor histórico de la transformación económica entre 1992 y 2022, enfrenta un deterioro significativo en los últimos dos años, según análisis de Mauricio Santamaría, consultor privado, exdirector de Fedesarrollo y participante en el foro Energy Summit 2025, realizado en Medellín.
En diálogo con ABC Economía, Santamaría, indicó que esta regresión, caracterizada por inestabilidad financiera, deficiencias regulatorias y atrasos en inversiones clave, compromete la sostenibilidad del sistema y frena la competitividad nacional.
Transformación pasada y estancamiento actual: De colaboración a obsolescencia
Hasta 2022, Colombia ejecutó una transición exitosa de un modelo estatal centralizado a uno de colaboración público-privada, elevando la confiabilidad de los sistemas energéticos y soportando un crecimiento promedio del PIB del 4% anual en la década previa. Esta estructura generó un marco operativo estable que atrajo inversiones y diversificó la matriz energética, reduciendo interrupciones en un 30% y expandiendo la capacidad instalada en un 50%, según datos del Ministerio de Minas y Energía.
Para Santamaría, los dos años recientes registran un deterioro en tres dimensiones críticas: financiera, con balances de comercializadoras sin flujo de caja suficiente para reinversión; regulatoria, con la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) operando a un nivel técnico bajo; y de inversión, con sistemas de distribución y transmisión obsoletos que cubren solo el 70% de la demanda proyectada para 2030. El experto precisó: «La distribución y transmisión están atrasadas, y la regulación ha caído a un nivel técnico muy bajo, lo que impide progresar». Esta inercia estructural no solo limita la expansión necesaria para un crecimiento del 3% en el sector, sino que socava la competitividad general: un 1% de mejora en eficiencia energética podría elevar el PIB en 0,5 puntos, un efecto perdido en el actual estancamiento.
Para el sector privado, que genera el 75% del PIB, esta regresión se traduce en oportunidades frustradas: la falta de inversión privada, disuadida por un ambiente hostil con problemas de licencias ambientales y sociales, reduce la productividad laboral en industrias dependientes de energía estable, como manufactura, que contribuye al 12% del PIB nacional.
Presiones fiscales e inflacionarias: El círculo vicioso del déficit y tasas altas
El deterioro energético se entrelaza con desequilibrios macroeconómicos, particularmente el déficit fiscal del 8% del PIB —equivalente a 150 billones de pesos—, que obliga al gobierno a captar recursos internos, absorbiendo el ahorro nacional y elevando tasas de interés en 1,5 puntos porcentuales. Santamaría vinculó esta dinámica a la política monetaria restrictiva del Banco de la República: «El déficit condena al sector privado a quedarse sin financiamiento, alimenta la inflación y mantiene tasas altas, con la política monetaria bajando la tasa muy lentamente». En los últimos tres meses, la tasa de intervención no ha descendido, con la inflación estancada por encima del 5%, agravada por la dependencia energética que amplifica costos operativos en el 10% para industrias.
Esta interacción genera un círculo vicioso: el 60% de la financiación del déficit proviene de mercados domésticos, dejando a los bancos sin liquidez para el sector privado, cuyo crédito crece solo al 4% anual, por debajo del 7% requerido para un PIB del 3% en 2026. En el ámbito inflacionario, el sector energético contribuye indirectamente: sin expansión, choques como El Niño elevan tarifas en un 15%, trasladando presiones al IPC y complicando la meta del 3% del Banco Central.
Para analistas macroeconómicos, este escenario reduce la prima de riesgo fiscal en 2 puntos, elevando el costo de endeudamiento soberano y limitando la atracción de IED en infraestructura, que cayó un 10% en 2025.
Riesgo de apagón y regulación deficiente: Vulnerabilidad ante El Niño 2026
La posibilidad de apagones emerge como amenaza concreta, especialmente con un El Niño severo en 2026. Santamaría alertó: «Si hay un Niño duro, el riesgo es grande, porque dependemos del agua y no ha habido expansión suficiente en generación, transmisión y distribución». Eventos previos como los de 1998 y 2016 se gestionaron con tarifas elevadas, pero la actual coyuntura —con comercializadoras sin caja y capacidad instalada rezagada en un 15%— complica la respuesta, potencialmente restando 0,5 puntos al PIB trimestral en pérdidas productivas.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) ha perdido rigor técnico, convirtiéndose en «una comisión de debates sin expertos», según el consultor, lo que retrasa licencias en un 40%. El Ministerio de Minas, enfocado exclusivamente en tarifas, agrava el desbalance: «Es un error gravísimo; el Ministerio es político, no regulador, y eso termina mal». Esta centralización estatal, con el 70% de decisiones gubernamentales, frena la colaboración público-privada que impulsó el sector hasta 2022, elevando costos en un 10% y disuadiendo inversiones en renovables, que deben alcanzar el 50% de la matriz para 2030.
En el ámbito social, problemas con comunidades y licencias ambientales retrasan proyectos en un 20%, exacerbando la incertidumbre electoral que «mueve la inversión hacia la espera».
Eficiencia energética como palanca para el PIB y productividad
Frente a estos retos, la eficiencia energética emerge como solución inmediata: «Es producir más con recursos finitos, liberando capacidad para crecimiento», explicó Santamaría. Reemplazar equipos ineficientes reduce consumo en 30-40%, elevando la productividad en 0,5% por cada 1% de ahorro, según el Banco Mundial. En Colombia, con un consumo per cápita de 2.500 kWh anuales, esta eficiencia podría agregar 0,3% al PIB para 2026, fomentando inversión en LED y electrodomésticos que ahorran 500.000 millones de pesos anuales en facturas industriales.
Esta agenda genera oportunidades en fondos verdes con yields del 6-8%, respaldados por certificaciones ISO 50001 que cubren el 40% de la demanda industrial. Para el sector privado, la eficiencia mitiga riesgos energéticos, estabilizando la balanza de pagos al reducir importaciones en un 10% y contribuyendo a la meta de PIB per cápita de 7.000 dólares para 2030.
Escenario prospectivo: Reforma regulatoria esencial para la recuperación
El panorama 2026 es incierto: la incertidumbre electoral genera «espera y ve», contrayendo la inversión privada en un 20%, según Santamaría. La regulación debe recuperar expertise en la CREG, priorizando transmisión —atrasada en 20%— y generación renovable. El Ministerio debe ceder control tarifario, evitando intervenciones políticas que elevan costos en un 10%.
Para inversores, el sector ofrece un beta de 0,8 en portafolios diversificados, con potencial de apreciación del 10% si se resuelve la incertidumbre. En Colombia, donde el crecimiento del 4% histórico dependió de energía confiable, la reforma es imperativa para retomar la senda de 30-40 años de expansión, contribuyendo al objetivo de PIB per cápita de 7.000 dólares para 2030.
