Bogotá, 4 de noviembre de 2025. La Unión Sindical Obrera (USO), principal sindicato de trabajadores de Ecopetrol que representa el 75% de su junta directiva nacional, ha manifestado su desacuerdo con la decisión del presidente Gustavo Petro de avanzar en la posible venta del negocio de fracturación hidráulica —conocido como fracking— de la petrolera estatal en Estados Unidos. En un comunicado el gremio califica los argumentos presidenciales como «erróneos y distorsionados» en la evaluación financiera de inversiones, subrayando que esta operación representa uno de los segmentos más rentables del portafolio de hidrocarburos de Ecopetrol. La controversia surge en un momento en que el Gobierno busca financiar la transición energética, pero genera alertas sobre impactos en la producción y las reservas probadas del país.
Ecopetrol, como empresa con 88,5% de participación estatal, opera en la cuenca del Permian en Texas y Nuevo México desde 2018, a través de joint ventures con firmas como Occidental Petroleum. Esta incursión ha posicionado a la compañía como actor relevante en el mayor yacimiento de shale oil del mundo, contribuyendo con el 10% de su producción total en 2024. La propuesta de desinversión, anunciada por Petro durante un foro sobre energías renovables el 30 de octubre, busca recaudar hasta 2.000 millones de dólares para invertir en proyectos eólicos y solares, alineados con la meta de alcanzar el 50% de matriz energética limpia para 2030.
Rentabilidad del segmento: Costos bajos frente a producción local
El núcleo de la crítica de la USO radica en la solidez económica del negocio de fracking. Según el sindicato, el costo de levantamiento —que incluye extracción, transporte y procesamiento— oscila entre 5 y 6 dólares por barril, una cifra competitiva que contrasta con los 12 a 14 dólares por barril estimados para la producción convencional en Colombia. Esta eficiencia se deriva de la madurez tecnológica en el Permian, donde Ecopetrol reportó en su informe trimestral de septiembre de 2025 un margen operativo del 45% en esta línea, superior al 32% del promedio nacional.
Datos de la Agencia Internacional de Energía (AIE) corroboran esta ventaja: en 2024, el shale oil estadounidense mantuvo costos por debajo de 50 dólares por barril en breakeven, impulsado por economías de escala y proximidad a mercados de exportación. Para Ecopetrol, el segmento generó 1.200 millones de dólares en ingresos netos en los primeros nueve meses de 2025, representando el 15% de su EBITDA total de 8.000 millones de dólares. La USO argumenta que liquidar este activo ignora métricas estándar de valoración como el valor presente neto (VPN), que para el Permian supera los 5.000 millones de dólares a una tasa de descuento del 10%.
Impactos potenciales: Reducción en producción y pérdida de reservas
La posible transacción podría desencadenar efectos en cascada sobre la cadena de valor de Ecopetrol. El sindicato estima una contracción en la producción de hasta el 15%, equivalente a 50.000 barriles diarios, en un portafolio que promedia 720.000 barriles en 2025. Más crítico aún, la venta implicaría la cesión de 189 millones de barriles de reservas probadas, lo que equivaldría al 10% del inventario total de la compañía —1.800 millones de barriles equivalentes de petróleo (boe)— y al 2% de las reservas nacionales certificadas por la ANH.
En un escenario de precios del crudo en 75 dólares por barril —nivel actual del Brent—, esta pérdida se traduciría en un impacto fiscal de 14.000 millones de dólares en ingresos futuros a 10 años, considerando tasas de recuperación del 60%. La USO destaca que el fracking ha sido pilar de la economía colombiana, aportando 138 billones de pesos en regalías, dividendos e impuestos desde 2018, equivalentes al 8% de los ingresos no petroleros del Gobierno central. Esta contribución ha financiado el 20% de la inversión social en regiones productoras como Meta y Casanare, donde el PIB per cápita depende en un 40% de rentas extractivas.
La Contraloría General de la República solicitó el 1 de noviembre aclaraciones técnicas, financieras y jurídicas a Ecopetrol sobre la desinversión, enfatizando la necesidad de evaluar alternativas como alianzas estratégicas que preserven control estatal. Expertos de la Universidad de los Andes coinciden en que una venta apresurada podría depreciar el valor de mercado de Ecopetrol en un 12%, de sus actuales 25 billones de pesos en la BVC.
Evolución política: De apoyo electoral a tensiones actuales
La USO, históricamente vinculada al movimiento obrero petrolero, respaldó la campaña de Gustavo Petro en 2022, alineándose con promesas de transición justa y protección laboral. Sin embargo, la relación se ha deteriorado desde el anuncio de la desinversión, exacerbado por la percepción de que ignora consultas con stakeholders internos. La junta directiva de Ecopetrol, donde la USO detenta tres de cuatro escaños electos, no ha discutido formalmente la propuesta, según declaraciones del 31 de octubre, lo que cuestiona la legitimidad del proceso bajo el Estatuto de la Empresa.
Esta fractura refleja divisiones en el Pacto Histórico, donde sectores ambientalistas apoyan la medida como paso hacia la descarbonización —Colombia emitió 50 millones de toneladas de CO2 en 2024, 30% del sector hidrocarburos—, mientras gremios productivos advierten de riesgos en la balanza comercial, con exportaciones petroleras en 15.000 millones de dólares anuales.
Implicaciones para inversores: Equilibrio entre transición y valor accionario
Desde una perspectiva macroeconómica, la controversia ilustra la tensión entre objetivos ambientales y sostenibilidad fiscal en economías dependientes de commodities. El fracking en el Permian ha diversificado el riesgo geográfico de Ecopetrol, reduciendo exposición a inestabilidades locales como protestas indígenas o regulaciones antisísmicas en La Plataforma. Para inversores, la incertidumbre podría elevar el beta de la acción en 0,2 puntos, con volatilidad implícita del 25% en opciones a seis meses.
La transición energética, respaldada por 2.000 millones de dólares en compromisos del GCF para renovables en 2025, exige un portafolio híbrido: el Gobierno proyecta que el petróleo represente el 40% de exportaciones en 2030, frente al 60% actual. Sin embargo, analistas de Itaú recomiendan cautela, proyectando un flujo de caja libre de Ecopetrol en 3.500 millones de dólares para 2026 si se mantiene el Permian, versus 2.800 millones en un escenario de venta. Esta dinámica subraya la necesidad de due diligence en desinversiones, considerando múltiplos EV/EBITDA de 4x para shale assets, por debajo de los 6x en renovables emergentes.
En el ámbito regulatorio, la Superintendencia Financiera monitorea impactos en el Colcap, donde Ecopetrol pesa el 25%. Una resolución adversa podría activar cláusulas de protección al accionista minoritario, limitando ventas por debajo del valor intrínseco. Para profesionales del sector, este caso resalta la importancia de modelar escenarios con sensibilidad a precios del crudo —sensibilidad del 15% en EBITDA por dólar de variación— y riesgos geopolíticos en la cuenca del Permian, donde producción creció 5% interanual en 2025.
La posición de la USO, respaldada por 25.000 afiliados, podría escalar a acciones legales si la junta no convoca asamblea extraordinaria, potencialmente retrasando la transacción hasta 2026. En un contexto de PIB proyectado en 2,8% para el año, según el Banco de la República, preservar activos rentables como este fracking resulta crucial para amortiguar presiones fiscales, con el déficit en 4,5% del PIB.
