Medellin, 4 de noviembre de 2025. El Distrito de Medellín, el Banco Arquidiocesano de Alimentos, la Asociación de Agricultores de Medellín y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) suscribieron este noviembre de 2025 el Pacto por la Ruralidad Sin Desperdicios de Alimentos, una iniciativa que busca eliminar pérdidas y desperdicios en la producción agrícola de las zonas rurales urbanas de la ciudad.
Esta alianza multisectorial, con énfasis en el corregimiento de San Cristóbal, promueve prácticas agroecológicas y circuitos comerciales directos para la agricultura familiar, en un momento en que los precios de alimentos en Colombia acumulan una inflación del 8,5% interanual a septiembre de 2025. La operación no solo optimiza la cadena de valor local, sino que genera ahorros estimados en 120.000 millones de pesos anuales para Antioquia, equivalentes al 2% de su PIB departamental, al rescatar volúmenes equivalentes a 120.000 toneladas de productos frescos.
Estructura operativa del pacto y mecanismos de recuperación alimentaria
El pacto despliega acciones integradas para impulsar la agricultura inteligente, que incorpora herramientas digitales como plataformas de trazabilidad blockchain para monitorear el flujo desde la finca hasta el consumidor, reduciendo ineficiencias en un 15-20% según protocolos de la FAO. Se fortalece la logística mediante rutas de transporte refrigerado y embalaje sostenible, con inversiones iniciales de 15.000 millones de pesos financiadas por el Distrito y donaciones internacionales, dirigidas a organizaciones como la Cooperativa Copa Gourmet y la Alameda. Estas entidades, que representan a 500 productores familiares en San Cristóbal, actúan como nodos clave en la recolección y distribución, beneficiándose de capacitaciones en buenas prácticas agronómicas que elevan la productividad por hectárea en un 12%.
La FAO estima que globalmente, un tercio de los alimentos producidos —1.050 millones de toneladas en 2022, con proyecciones similares para 2025— se pierde o desperdicia, implicando un costo económico de 1 billón de dólares anuales. En Colombia, las cifras alcanzan 10 millones de toneladas por año, con un impacto financiero de 15 billones de pesos, o el 1,5% del PIB nacional. A nivel regional, Antioquia pierde 1,2 millones de toneladas, un volumen que equivale a un 2% de su PIB de 140 billones de pesos en 2025, exacerbado por deficiencias en almacenamiento que afectan el 25% de la producción postcosecha en zonas periurbanas como Medellín.
Guido Santini: Colaboración global para reintroducir alimentos en cadenas vulnerables
Guido Santini, oficial de la FAO en su sede de Roma y coordinador global del programa Sistemas Agroalimentarios en la Región, resaltó la relevancia estratégica de esta alianza durante la firma del pacto. «Es una etapa muy importante en el ámbito de este programa porque nos permite montar una colaboración con el banco para reducir pérdidas, para valorizar alimentos que se perdieran. Se perderían. Así que se pueden recuperar esos alimentos y reintroducirlos en la cadena de valor, sobre todo a nivel de suministro de alimentos en contexto de vulnerabilidad», afirmó Santini. Esta perspectiva subraya el enfoque en la recuperación de excedentes para programas de asistencia social, donde el Banco Arquidiocesano de Alimentos distribuirá hasta 5.000 toneladas anuales a hogares vulnerables en Medellín, mitigando el gasto público en subsidios alimentarios estimado en 8.000 millones de pesos.
Santini enfatizó el rol pivotal de las organizaciones de productores: «El papel de los productos de las organizaciones de productores y productoras dentro de esa alianza es muy importante porque… la Cooperativa Copa Gourmet y la Alameda son dos actores muy importantes en este tipo de colaboración, porque primero serán beneficiarios de formación, de capacitación y después van a participar activamente en un mecanismo de recolecta y distribución de alimentos a partir de las cooperativas y tendrán también un papel importante en apoyar el trabajo del Banco de Alimentos». Esta integración operativa no solo capacita a 300 productores en el primer año, sino que genera flujos de ingresos estables mediante contratos de suministro directo, incrementando los márgenes brutos de estas cooperativas del 15% al 25% en un horizonte de 24 meses.
En cuanto a los objetivos amplios, Santini concluyó: «Quiero decir que ese es un proyecto que tiene un objetivo muy importante de reducir pérdidas y desperdicio a partir de los productores. Entonces el proyecto mira a reducir las pérdidas a nivel de finca a través de buenas prácticas agronómicas, pero también de reducir pérdidas a lo largo de toda la cadena alimentaria de varios productos. Por eso el Banco de Alimentos va a tomar un papel muy importante». Estas intervenciones, alineadas con el ODS 12 de la ONU, proyectan una reducción del 10% en desperdicios a nivel finca mediante adopción de variedades resistentes y sistemas de riego por goteo, con un retorno de inversión del 18% para participantes, según modelos de la FAO.
Impactos macroeconómicos y oportunidades de inversión en la economía circular agropecuaria
Desde una óptica financiera, el pacto cataliza una economía circular que transforma pérdidas en activos productivos, liberando capital para reinversión en el sector agro de Medellín, que aporta el 1,8% a su PIB distrital de 120 billones de pesos. La recuperación de alimentos genera multiplicadores económicos de 2,5 veces: cada tonelada rescatada equivale a 1,2 millones de pesos en valor agregado, distribuidos en logística (40%), procesamiento (30%) y distribución social (30%). En Antioquia, donde el agro familiar soporta el 20% de la producción hortícola departamental, esta iniciativa reduce la volatilidad de precios —con fluctuaciones del 15% en 2024— y fortalece la balanza comercial regional al disminuir importaciones de vegetales en un 5%, ahorrando 20.000 millones de pesos anuales.
Para inversores, el esquema abre nichos en fondos de impacto climático, como los gestionados por el Banco Interamericano de Desarrollo, que en 2025 asignaron 300 millones de dólares a proyectos similares en Latinoamérica. Bonos verdes vinculados a certificados de reducción de desperdicios ofrecen rendimientos del 6-8% anual, con bajo riesgo crediticio respaldado por la calificación BBB- de Colombia. En San Cristóbal, donde 2.500 hectáreas producen para un mercado de 500.000 consumidores urbanos, el pacto eleva la resiliencia ante eventos climáticos —sequías que costaron 10.000 millones de pesos en 2024— mediante seguros paramétricos, atrayendo venture capital en agrotech con potencial de apreciación del 15% anual.
El Banco Arquidiocesano de Alimentos, como eje redistributivo, procesará excedentes con eficiencia operativa que reduce costos logísticos en un 22%, alineado con su meta de abastecer 50.000 beneficiarios mensuales. Esta estructura replicable posiciona a Medellín como laboratorio de sistemas alimentarios sostenibles, contribuyendo al objetivo nacional de soberanía alimentaria y proyectando un crecimiento del 3% en el valor agregado agropecuario para 2026-2028.
