Medellín, 23 de octubre de 2025. El Concejo de Medellín revisó la reestructuración organizacional y los procesos de desinversión de Empresas Públicas de Medellín (EPM), con el objetivo de fortalecer su viabilidad operativa y estratégica hasta 2035. Durante la sesión plenaria, representantes de la comunidad, concejales y la gerencia coincidieron en preservar la naturaleza pública de la empresa, aunque se expresaron inquietudes por el alto porcentaje de contratistas y la necesidad de mayor transparencia en ventas de activos. No se detectaron intenciones de privatización, y se respaldó la creación de un Centro de Servicios Compartidos para optimizar recursos.
La discusión, que duró tres horas en la Sala de Comisiones del Concejo, abordó ajustes a la estructura del Grupo EPM, que incluye 47 empresas en seis países, 17.000 empleados directos, 16.000 proveedores y contratistas, y beneficia a más de 26 millones de personas en Latinoamérica con servicios de energía, agua y telecomunicaciones. Entre 2015 y 2023, los costos operativos aumentaron un 15%, lo que justifica el rediseño para separar roles de dirección y operación, mejorar la gobernanza y generar excedentes para la ciudad, según el plan estratégico 2035 de EPM.
¿Qué dicen los concejales y la comunidad?
Carlos Arturo Posada, en representación de la comunidad, manifestó preocupación por el 40% de trabajadores de EPM que son contratistas y la modalidad en obras de expansión. «Esto podría conducir a una privatización encubierta», argumentó, solicitando que EPM mantenga su esencia social y asegure beneficios para Medellín y sus habitantes. Varios asistentes compartieron esta visión, enfatizando la protección de la naturaleza pública de la empresa.
Los concejales coincidieron en la relevancia de EPM como el mayor conglomerado de servicios públicos del país y una de las entidades más sólidas del continente. Resaltaron su operación con criterios de eficiencia privada pero misión social, y aclararon que no existen decisiones de venta ni planes de privatización. Procesos previos, como la desinversión en TICSA –iniciada en 2021 bajo administraciones anteriores–, siguieron lineamientos legales con transparencia y sostenibilidad.
Aunque la ley no exige aprobación del Concejo para ventas de filiales extranjeras como TICSA, algunos ediles pidieron mayor información como práctica de transparencia. Se respaldó la nueva estructura para agilizar procesos y profesionalizar la gestión, sin afectar derechos laborales. «Ningún alcalde del futuro debe contemplar la venta de EPM, pues sería renunciar a la máquina que garantiza servicios públicos y recursos para el desarrollo de Medellín», afirmaron en conjunto.
EPM responde al Concejo
John Maya Salazar, gerente general de EPM, explicó que la reestructuración moderniza la empresa sin alterar su esencia pública, separando dirección estratégica de operación diaria para mayor eficiencia. «EPM genera valor con transparencia y compromiso», señaló, detallando metas como cobertura universal, neutralidad de carbono y sostenibilidad. Reafirmó que no hay privatizaciones en curso y que la venta de TICSA fue una decisión corporativa ajustada a normativas internacionales.
La sesión, transmitida en vivo por el canal del Concejo, concluyó con un consenso sobre el rol estratégico de EPM y la necesidad de informes periódicos. La entidad, con ingresos de 15 billones de pesos en 2024, invierte 1 billón anual en expansión, priorizando Antioquia.
