Bogotá, 23 de septiembre de 2025 – Sin consenso sobre el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026, la Comisión Cuarta del Senado inicia este 24 de septiembre una jornada de tres ponencias confrontadas, en un plazo límite que vence el 25 de septiembre. La oficialista defiende los $556,9 billones propuestos por el Gobierno de Gustavo Petro, mientras la del Centro Democrático busca hundirlo y una alternativa lo recorta a $546,9 billones, según fuentes legislativas. Esta tensión fiscal, en un contexto de PIB proyectado en 3,2% (DANE) y déficit del 3,8% del PIB en el semestre (el más alto en 21 años), podría forzar una reforma tributaria de $26,3 billones para viabilizar el gasto.
La ponencia mayoritaria, firmada por cinco congresistas del oficialismo –Gildardo Silva, Gloria Arizabaleta, Jairo Cala, Tamara Argote y Aida Avella–, recoge 185 proposiciones y prioriza ajustes por $550.000 millones en ministerios clave, sin alterar el monto global. «Constituye el marco de sostenibilidad fiscal definido por el Gobierno y una obligación derivada de la planeación macroeconómica», argumentan los ponentes, alineados con la regla fiscal constitucional.
Ajustes priorizados: Más recursos para Comercio, Deporte y TIC
La propuesta oficialista defiende el techo de $556,9 billones como esencial para cumplir metas sociales y de inversión en un año preelectoral. Incluye incrementos focalizados: $100.000 millones al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para impulsar exportaciones en un sector que creció 4,5% en 2025 (DANE); $200.000 millones al Ministerio del Deporte, priorizando infraestructura post-Juegos Panamericanos; otros $200.000 millones al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) para cierre de brecha digital, cubriendo 5G en 30 ciudades; y $50.000 millones al Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) para sanidad vegetal en un agro que aporta 7% al PIB.
Estos $550.000 millones se financian con recortes en rubros judiciales y de funcionamiento: $260.000 millones del fondo de sentencias y conciliaciones de la Rama Judicial; $190.044 millones de recursos nación en sentencias del Ministerio de Defensa; $81.955 millones de gastos operativos del Ministerio de Salud (contra entidades liquidadas como PAR ISS y PAR Caprecom); y $18.000 millones de Hacienda, Interior y Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Tensiones políticas: Oposición busca hundir o recortar
La ponencia del Centro Democrático propone hundir el proyecto, argumentando un gasto excesivo que ignora la sostenibilidad fiscal en medio de inflación controlada en 5,6% pero con dólar en $4.500. Una alternativa, con apoyo multipartidista, rebaja a $546,9 billones, eliminando necesidades de financiamiento extra y priorizando austeridad. «No aceptaremos más impuestos; el Congreso ya tiene la fórmula para que el Gobierno no cobre $26 billones», declaró el senador Ciro Alejandro Ramírez (Centro Democrático), en referencia a recortes que podrían bajar la tributaria paralela de $26,3 a $16,3 billones.
El debate, que arranca mañana en la Comisión Cuarta, coincide con la radicación de ponencias para la ley de financiamiento el 24 de septiembre. Sin acuerdo, el PGN podría radicar el 25 de septiembre para votación directa, dejando al Gobierno con facultades extraordinarias similares a 2025, cuando el Congreso hundió el presupuesto y Petro lo decretó vía emergencia económica.
Impacto económico: Equilibrio entre gasto social y Regla Fiscal
Este pulso legislativo es crucial para la estabilidad macroeconómica. El PGN 2026 representa 40% del PIB y financia salud (15%), educación (10%) y defensa (5%), pero enfrenta críticas por artículos que amplían facultades ejecutivas, como anticipos de deuda hasta enero 2027. Analistas de Anif advierten que un recorte drástico podría frenar el crecimiento al 2,4% del semestre, mientras el techo oficialista asegura inversión social en un año electoral.
El Gobierno, que ya aceptó reducir $10 billones en septiembre, insiste en un «presupuesto moderado y responsable». Sin embargo, opositores como Enrique Cabrales (Centro Democrático) denuncian «maniobras para decretar el gasto desde Nariño». Con sesiones conjuntas de comisiones económicas la próxima semana, el desenlace definirá no solo el 2026, sino la agenda fiscal preelectoral.
