Bogotá, 1 de septiembre de 2025 – El debate sobre el incremento del salario mínimo para 2026 en Colombia ya está sobre la mesa. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, anunció que la Comisión de Concertación de Políticas Laborales y Sociales se reactivó la semana pasada con empresarios, sindicatos y gobierno para discutir el ajuste, como manda la Constitución. Sin embargo, dejó claro que, de no lograrse un acuerdo antes de fin de año, el presidente Gustavo Petro está listo para usar su potestad y definir el aumento por decreto. En un contexto de desempleo en mínimos históricos (8,8%) y alta informalidad (56%), la propuesta genera tensiones con el sector privado, que teme un impacto en la competitividad.
Concertación: El camino preferido, pero con plan B
Sanguino fue enfático: el Gobierno no busca saltarse las mesas de concertación. “La semana pasada instalamos de nuevo la Comisión con todos los actores: empresarios, trabajadores y ministerios”, afirmó en una entrevista reciente. La meta es consensuar un incremento que, según el ministro, mantenga la política de Petro de aumentar el salario por encima de la inflación (proyectada en torno al 5% para 2025). Esta estrategia, asegura, ha impulsado la capacidad adquisitiva y reducido el desempleo al 8,8%, el más bajo desde antes de la pandemia, según el DANE.
Sin embargo, el ministro no esquivó la posibilidad del decreto. “Si no hay acuerdo, el Presidente tiene la potestad de producir el incremento por decreto, como lo establece la Constitución”, recalcó. En mi experiencia cubriendo negociaciones salariales desde los años 90, esta advertencia suele tensar la cuerda con los gremios, que prefieren acuerdos tripartitos para evitar alzas que consideren desmedidas. En 2024, tras falta de consenso, Petro decretó un aumento del 9,54%, llevando el salario a $1.423.500 para 2025. ¿Se repetirá el escenario?
Informalidad: ¿Un obstáculo para el aumento?
El sector privado critica que, pese a la caída del desempleo, la informalidad sigue siendo un lastre, afectando a 13,1 millones de trabajadores frente a 10,8 millones en empleo formal. Empresarios argumentan que un incremento “exagerado” podría empujar a más empresas a contratar informalmente para reducir costos. Sanguino rebatió esta preocupación: “El último registro del DANE muestra una disminución de más de un punto porcentual en la informalidad, incluso en el sector rural. El 80% de los empleos generados son formales”.
Aunque el DANE reporta un avance en formalización, el 56% de trabajadores informales sigue siendo un desafío estructural. Sanguino apuesta por la reforma laboral para formalizar 1,5 millones de empleos, incluyendo 440.000 trabajadores de plataformas de reparto, 500.000 trabajadoras domésticas, 400.000 aprendices del SENA, 60.000 madres comunitarias y sectores como cultura y deportes. Sin embargo, la reforma, aún en trámite en el Congreso, enfrenta resistencia por su impacto en costos empresariales.
Crecimiento y utilidades: El argumento del Gobierno
El ministro destacó el crecimiento económico cercano al 3% y las “utilidades billonarias” de las empresas como base para justificar un aumento sustancial. “Si se incrementan los ingresos de los trabajadores, crece la economía y el empleo”, afirmó, apelando a un “egoísmo inteligente” del sector privado. Esta postura choca con gremios que cuestionan las condiciones económicas para un alza significativa, especialmente en sectores sensibles a costos laborales como comercio y servicios.
En mi trayectoria, he cubierto cómo incrementos salariales por encima de la inflación pueden estimular el consumo, pero también generar inflación importada en un país dependiente de bienes externos. Con una inflación controlada (cerca del 5%), el Gobierno tiene margen, pero debe balancear el impulso al poder adquisitivo con la competitividad empresarial.
Un debate con implicaciones nacionales
Con la Comisión de Concertación en marcha, los próximos meses serán cruciales. Sanguino apuesta por un diálogo basado en datos y expertos para definir un incremento que beneficie a los trabajadores sin desestabilizar la economía. Si no hay acuerdo, el decreto será inevitable, un escenario que podría polarizar aún más las relaciones con los gremios. Como observador de décadas de políticas económicas, veo en este proceso un reflejo de la tensión eterna entre equidad y competitividad. El resultado definirá no solo el salario de 2026, sino el rumbo económico del país.
Inspecciones laborales: Un modelo proactivo
Sanguino también abordó el fortalecimiento de la vigilancia laboral. El Ministerio ha implementado un modelo de inspección basado en quejas, como las más de 100 recibidas contra una cadena de tiendas, que derivaron en revisiones a 263 locales. Supertiendas Olímpica también fue inspeccionada tras denuncias de violaciones laborales. “Cuando hay un patrón de conducta, actuamos. Es nuestra responsabilidad con los derechos de los trabajadores”, aseguró. Este enfoque, aunque necesario, genera roces con empresas que ven en las inspecciones un riesgo adicional en un año de posibles alzas salariales.
