María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), ha alzado una voz de alerta sobre los riesgos que esta reforma podría traer para el empleo formal, la competitividad y el tejido empresarial del país. Aunque reconoce ciertos avances, Lacouture advierte que Colombia podría quedar «atrapada en un modelo que promete mucho, pero difícilmente podrá cumplirse», afectando especialmente a las pequeñas y medianas empresas (PYMES) y la generación de empleo formal.
Desincentivo al empleo formal: Un peligro latente
Uno de los principales temores expresados por Lacouture es el desincentivo a la contratación formal. La reforma introduce medidas como el aumento de recargos nocturnos, la priorización de contratos a término indefinido y la transformación del contrato de aprendizaje en uno de naturaleza laboral. Según datos de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), estas disposiciones podrían incrementar los costos laborales entre un 6,4% y un 8% para las empresas, lo que podría llevar a una reducción de hasta 140.000 empleos formales en sectores vulnerables. En un país donde la informalidad laboral alcanza el 57,2% al primer trimestre de 2025, estas medidas podrían empujar a más empresas a optar por la contratación informal, agravando un problema estructural de la economía colombiana.
Competitividad empresarial en jaque
La reforma también plantea desafíos para la competitividad, especialmente para las PYMES, que representan más del 98% del tejido empresarial del país. El aumento de costos operativos, derivado de recargos nocturnos (que ahora cubren desde las 7:00 p.m.) y dominicales (hasta un 100% en 2026), podría reducir los márgenes de ganancia de estas empresas, que ya operan con recursos limitados. Lacouture subraya que la falta de flexibilidad en las nuevas regulaciones, como las restricciones a la tercerización y la automatización, podría desincentivar la inversión extranjera y la innovación tecnológica, afectando sectores estratégicos como el turismo, la tecnología y la logística. En un contexto de desaceleración económica, con un crecimiento de solo 0,36% en noviembre de 2024, estas medidas podrían agravar la situación.
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Contrato de aprendizaje: ¿Avance o retroceso?
Otro punto crítico señalado por Lacouture es la transformación del contrato de aprendizaje, que pasaría a ser un contrato laboral a término fijo con plenas cotizaciones a seguridad social. Si bien esta medida busca mejorar las condiciones de los aprendices, podría desincentivar a las empresas, especialmente PYMES, a contratar aprendices debido al incremento de costos, que incluyen el pago del 100% del salario mínimo desde el inicio del contrato y sanciones más altas por incumplimiento (de 1 a 1,5 salarios mínimos por cupo no cubierto). Esto podría limitar las oportunidades de formación práctica para miles de estudiantes, afectando su ingreso al mercado laboral formal.
Desconexión con las nuevas formas de trabajo
Lacouture también critica la desconexión de la reforma con las nuevas dinámicas laborales, como el teletrabajo y la economía de plataformas. Aunque la reforma regula el trabajo en plataformas digitales de reparto, garantizando seguridad social y vacaciones, no aborda de manera integral las necesidades de flexibilidad que demandan los trabajadores independientes y las empresas tecnológicas. Esta falta de adaptación podría frenar el crecimiento de sectores innovadores, en un momento en que la digitalización y la automatización son clave para la competitividad global.
Un llamado al equilibrio en la conciliación
Lacouture hace un llamado a los legisladores que liderarán la conciliación de la reforma para buscar un equilibrio que no desconozca la realidad empresarial. “Menos empresas, menos empleo, menos inversión y menos futuro para el país” es la advertencia que resuena en su mensaje. La dirigente gremial sugiere que se implementen medidas de apoyo, como incentivos fiscales y programas de capacitación, para facilitar la transición de las PYMES hacia las nuevas regulaciones. ANIF propone incluir un parágrafo de evaluación de impacto a dos años para ajustar posibles efectos no deseados, una recomendación que podría mitigar los riesgos señalados.
Impacto económico: Entre promesas y realidades
Por otro lado, el Centro Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) defiende la reforma, argumentando que el aumento en la masa salarial podría impulsar el consumo y generar un crecimiento económico adicional de entre 1,2% y 3,6% en 2025, beneficiando sectores como textiles, salud y hotelería. Sin embargo, estas proyecciones contrastan con las advertencias del Banco de la República, que estima una pérdida de hasta 450.000 empleos formales en un horizonte de tres a cuatro años. La clave estará en encontrar un equilibrio que promueva la equidad laboral sin sacrificar la sostenibilidad económica.
En conclusión, la Reforma Laboral 2025 en Colombia se encuentra en una encrucijada. Si bien busca dignificar el trabajo y garantizar derechos laborales, sus efectos podrían ser contraproducentes si no se abordan los desafíos señalados por Lacouture y otros expertos. La conciliación en el Congreso será decisiva para definir un modelo laboral que impulse el empleo formal, fomente la competitividad y garantice un futuro sostenible para el país.
