La reforma pensional en Colombia enfrenta un nuevo capítulo tras la decisión de la Corte Constitucional de suspender su entrada en vigencia y devolver el proyecto a la Cámara de Representantes para subsanar vicios de forma. Esta determinación ha generado un intenso debate sobre los plazos, el procedimiento legislativo y las implicaciones económicas de la reforma.
¿Qué pasó con la reforma pensional?
La Corte Constitucional identificó irregularidades en el trámite legislativo de la reforma pensional, específicamente en el cuarto debate en la Cámara de Representantes. Según el comunicado del tribunal, el proyecto debe regresar a la Cámara para que se discuta y vote nuevamente el artículo relacionado con la entrada en vigencia de la ley. Sin embargo, la Corte aclaró que esta no podrá entrar en vigor hasta que se emita un fallo definitivo sobre su constitucionalidad, lo que incluye una revisión tanto de forma como de fondo.
Santiago Velasco, presidente de Asofondos, señaló que la decisión de la Corte introduce una condición clave: “Solo podrá ser vigente un día después de que la Corte dé su fallo definitivo”. Esto implica que, aunque la Cámara subsane los vicios de forma, la reforma no será aplicable de inmediato. La incertidumbre radica en si el fallo definitivo se limitará a los errores procedimentales o abarcará el contenido completo de la ley.
Los tiempos: ¿Hay margen para actuar?
El calendario legislativo es un factor crítico en este proceso. La Corte otorgó un plazo de 30 días para que la Cámara realice el nuevo debate, contados a partir de la expedición del auto que detalle la decisión. Si este auto se publica pronto, el Gobierno podría convocar sesiones extraordinarias antes del cierre de la legislatura actual, el 20 de junio de 2025. De lo contrario, el debate se trasladaría a la próxima legislatura, entre julio de 2025 y junio de 2026.
Velasco destacó que “la Corte fue generosa al otorgar 30 días, un plazo amplio para un debate”. Además, el Congreso tendrá hasta el 26 de junio de 2026 para perfeccionar la conciliación entre Senado y Cámara, en caso de que sea necesario unificar textos. Sin embargo, la demora en la publicación del auto podría complicar los tiempos, especialmente si coincide con el receso legislativo.
Implicaciones económicas y sociales
La suspensión de la reforma pensional genera incertidumbre para trabajadores, empleadores y administradoras de fondos de pensiones. La ley, que busca fortalecer el sistema de pilares con Colpensiones como eje central, ha sido objeto de críticas por su impacto fiscal. Según expertos, la reforma podría agravar el déficit fiscal al incrementar las obligaciones del Estado en el régimen de prima media.
Por otro lado, la devolución del proyecto al Congreso abre una oportunidad para ajustar aspectos controversiales, como el manejo de los aportes superiores a 2,3 salarios mínimos. Sin embargo, también prolonga la indefinición sobre el futuro del sistema pensional, un tema crucial para millones de colombianos que dependen de estas políticas para su seguridad económica en la vejez.
¿Qué sigue?
El próximo paso depende de la publicación del auto de la Corte Constitucional, que aclarará el alcance de los vicios de forma y el procedimiento a seguir. Mientras tanto, el Gobierno y el Congreso deben coordinar esfuerzos para garantizar que el debate en la Cámara sea ágil y cumpla con los estándares constitucionales. La sanción presidencial y la posterior revisión definitiva de la Corte marcarán el rumbo final de la reforma.
Este nuevo obstáculo pone a prueba la capacidad del Ejecutivo y el Legislativo para trabajar en conjunto y responder a las exigencias del tribunal. Además, reaviva el debate sobre la sostenibilidad fiscal y la equidad del sistema pensional en Colombia, un desafío que no puede postergarse indefinidamente.
Lea también: Corte Constitucional devuelve Reforma Pensional a Cámara por vicio de trámite
