Advertisement

Gremios alertan sobre impacto de movilizaciones y exigen diálogo en reforma laboral

En medio del intenso debate sobre la reforma laboral que se discute en el Congreso de Colombia, la Cámara Colombo Americana (AmCham Colombia) y la Federación Nacional de Comerciantes (FENALCO) han alzado su voz para expresar serias preocupaciones sobre las movilizaciones convocadas por sectores cercanos al Gobierno y su impacto en la economía y los derechos ciudadanos. Ambos gremios han instalado al Ejecutivo a priorizar el diálogo y la transparencia, en un contexto marcado por señalamientos de corrupción y tensiones políticas.

María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia, hizo un llamado enfático a garantizar que el derecho a la protesta no vulnere las libertades de quienes optan por no participar en las manifestaciones. “El respeto a la protesta pacífica es fundamental, pero debe ir acompañado de la protección de derechos esenciales como la movilidad, el trabajo y la libertad de elección”, afirmó Lacouture. La líder gremial destacó que la concertación es el camino idóneo para construir consensos que reflejen las necesidades de todos los colombianos, sin ceder a presiones externas ni imposiciones que desatiendan la pluralidad de intereses en juego. AmCham Colombia subrayó que las decisiones sobre la reforma laboral deben ser el resultado de un diálogo inclusivo, considerando tanto a trabajadores como a trabajadores, para evitar afectaciones a la productividad y el desarrollo económico del país.

Críticas a la incoherencia y los costos económicos

Por su parte, Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO, fue más crítico al cuestionar la legitimidad de las movilizaciones impulsadas por sindicatos y figuras vinculadas al Pacto Histórico, coalición política que respalda al Gobierno. Cabal calificó el llamado a paro como “profundamente incoherente”, argumentando que se produce en un momento en que el Ejecutivo y el Congreso enfrentan serios señalamientos por presuntos casos de corrupción, particularmente en el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Según el líder gremial, estas protestas no buscan representar los intereses de la ciudadanía, sino desviar la atención de los escándalos y presionar al Congreso para aprobar una consulta popular que, en su opinión, podría generar incertidumbre jurídica y poner en riesgo millas de empleos formales en el sector privado.

FENALCO también expresó su rechazo a que las marchas se realicen durante jornadas laborales, argumentando que estas afectan gravemente al comercio, uno de los pilares de la economía colombiana. “El impacto de estas movilizaciones no lo sienten los funcionarios públicos ni los promotores de las marchas, como algunos sectores de la Minga indígena, sino los empresarios y trabajadores del sector privado, que ven interrumpida su actividad económica”, señaló Cabal. El líder gremial exigió al Gobierno priorizar la transparencia y responder a las denuncias de clientelismo y uso indebido de recursos públicos en el SENA, antes de promover acciones que, según él, profundizan la polarización y afectan la confianza en las instituciones.

Ambos gremios coinciden en que la reforma laboral debe ser abordada con responsabilidad, considerando su impacto en el empleo, la competitividad y la estabilidad económica. Mientras AmCham aboga por un enfoque de concertación que equilibre los intereses de todas las partes, FENALCO advierte que las movilizaciones y la falta de claridad en la gestión pública podrían agravar las tensiones sociales y económicas. En un país donde el desempleo y la informalidad siguen siendo retos estructurales, los gremios insisten en que cualquier cambio normativo debe ser respaldado por un análisis técnico riguroso y un amplio diálogo que evite costos innecesarios para los ciudadanos.

El debate sobre la reforma laboral se intensifica en un momento clave para Colombia, donde la necesidad de reactivación económica choca con las demandas de justicia social y transparencia. Las posturas de AmCham y FENALCO reflejan las inquietudes de un sector empresarial que busca claridad y estabilidad, mientras el Gobierno enfrenta el desafío de conciliar sus promesas de cambio con la realidad de un país polarizado.