A menos de 50 días de la entrada en vigor de la Ley 2381, que implementará la reforma pensional a partir del 1 de julio de 2025, el Ministerio de Trabajo publicó el decreto que oficializa su reglamentación. El ministro Antonio Sanguino celebró este hito, destacando que “el país ya cuenta con las herramientas operativas para garantizar una vejez digna a millones de millones” a través de los cuatro pilares colombianos del nuevo sistema: solidario, semicontributivo, contributivo y voluntario. A pesar de las críticas de algunos analistas por la demora en la firma del decreto, el gobierno asegura que esta reglamentación marca un paso crucial para transformar el modelo pensional y ampliar su cobertura.
El decreto introduce medidas significativas, como un tratamiento especial para las mujeres afiliadas, quienes se beneficiarán de una reducción progresiva en las semanas mínimas de cotización, pasando de 1.300 a 1.000 semanas para 2036. Esta disposición busca corregir desigualdades históricas en el acceso a la pensión, reconociendo las brechas laborales que afectan a las mujeres. Además, el pilar solidario se consolida como un mecanismo de protección para adultos mayores que no cumplen con los requisitos para pensionarse, otorgando beneficios a hombres de 65 años y mujeres de 60 años, con un enfoque en los sectores más vulnerables.
Un componente clave del decreto es la regulación del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo (FAPC), que será administrado por el Banco de la República. Este fondo centralizará los aportes del pilar contributivo, asegurando una gestión transparente y eficiente. Sin embargo, el Banco de la República había advertido previamente sobre retrasos en la conformación del Comité Directivo del FAPC, la contratación de administradores delegados y la definición de criterios de inversión, aspectos esenciales para la operatividad del sistema. El decreto aborda estas preocupaciones, estableciendo lineamientos claros para la gestión del fondo y sentando las bases para su implementación.
La reforma pensional, uno de los proyectos insignia del gobierno, busca ampliar la cobertura del sistema, que actualmente deja sin protección a más del 80% de los adultos mayores. Con esta reglamentación, el Ministerio de Trabajo espera no solo garantizar la sostenibilidad financiera, sino también promover la equidad social. “Estamos construyendo un sistema inclusivo que dignifique la vejez y combata la pobreza en esta etapa de la vida”, afirmó Sanguino. No obstante, los expertos advierten que el éxito de la reforma dependerá de una ejecución eficiente y de la capacidad de superar los retos logísticos y administrativos en los próximos meses.
