21 de abril de 2025 – El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha emitido un contundente llamado de atención sobre la delicada situación fiscal de Colombia, marcada por un déficit público que se disparó al 6,7% del PIB en 2024 y una acumulación de rezagos presupuestales equivalentes al 2,8% del PIB, es decir, unos 48 billones de pesos. Este panorama, agravado por ingresos fiscales insuficientes y gastos primarios desbordados, plantea serios desafíos para la estabilidad económica del país en 2025, especialmente en un contexto de incertidumbre global impulsado por las políticas del nuevo gobierno de Donald Trump en Estados Unidos. Mientras el Gobierno colombiano trabaja en un plan de financiación para reducir el déficit al 5,1% del PIB este año, el FMI subraya la necesidad de ajustes fiscales urgentes para evitar una crisis de liquidez y proteger la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Un déficit fiscal que supera las expectativas
Según el informe del FMI, el déficit fiscal del gobierno central en 2024 alcanzó el 6,7% del PIB, un aumento significativo frente al 4,2% de 2023 y 1,1 puntos porcentuales por encima de la meta establecida en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP). Este deterioro se atribuye a dos factores principales: ingresos tributarios menores a los proyectados y un gasto primario que superó los límites establecidos, a pesar de los recortes implementados a finales del año pasado. La combinación de estos elementos, junto con la depreciación del peso, elevó la deuda pública bruta al 61,3% del PIB al cierre de 2024, un nivel que genera preocupación entre inversionistas y agencias calificadoras.
Los rezagos presupuestales, estimados en 48 billones de pesos (2,8% del PIB), representan obligaciones pendientes de pago que competirán con los recursos presupuestales de 2025. Esta acumulación, derivada de restricciones de liquidez, podría limitar la capacidad del Gobierno para financiar programas clave, como los destinados a la atención de la emergencia sanitaria por fiebre amarilla declarada recientemente, o para responder a imprevistos sociales y económicos, como la crisis de los arroceros o la escasez de gas natural.
Incertidumbre global y el impacto de la administración Trump
El FMI también destaca los riesgos externos que enfrenta Colombia, particularmente los derivados de las políticas del segundo mandato de Donald Trump, iniciado en enero de 2025. La posible imposición de aranceles adicionales a las importaciones, como el incremento del 10% al 20% sobre productos chinos, podría desencadenar una guerra comercial que afecte los precios de los productos básicos, esenciales para las exportaciones colombianas como el petróleo y el café. Asimismo, los canales financieros y comerciales podrían verse impactados por un endurecimiento de las condiciones globales, con alzas en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense que eleven los costos de endeudamiento para economías emergentes como Colombia.
La economía colombiana, que creció un 1,7% en 2024 impulsada por el consumo privado y una recuperación gradual de la inversión, enfrenta ahora un entorno más hostil. El FMI advierte que una caída en los precios de las materias primas o una menor demanda global podrían reducir los ingresos por exportaciones, mientras que la salida de capitales, ya reflejada en flujos netos de portafolio negativos en 2024, podría presionar aún más el tipo de cambio y encarecer las importaciones.
Medidas urgentes para la sostenibilidad fiscal
El FMI reconoce los esfuerzos del Gobierno colombiano por reducir el déficit fiscal al 5,1% del PIB en 2025, según el Plan de Financiación publicado en febrero. Sin embargo, el organismo enfatiza que alcanzar esta meta requerirá políticas concretas para aumentar los ingresos y ajustar el gasto, especialmente en un contexto donde los márgenes para recortes son limitados debido a la rigidez del presupuesto. La emisión de Títulos de Tesorería (TES) por 18 billones de pesos en los dos primeros meses de 2025 evitó una crisis de liquidez, pero incrementó la carga de la deuda, lo que podría traducirse en mayores costos financieros si las tasas de interés suben.
Entre las recomendaciones del FMI están la reorientación del gasto público hacia inversiones productivas, como la transición energética, y la protección de los hogares vulnerables mediante programas sociales focalizados. Además, el organismo sugiere reformas estructurales para aumentar la productividad y atraer inversión privada, así como una modernización del sistema tributario que cierre brechas y haga más progresivo el recaudo. Estas medidas, combinadas con una política monetaria cautelosa, son esenciales para contener la inflación, que en marzo de 2025 se situó en 5,1% interanual, y para estabilizar las expectativas del mercado.
Implicaciones económicas y sociales
El deterioro fiscal tiene consecuencias directas en la economía colombiana. El aumento de la deuda pública y los mayores costos de financiamiento podrían traducirse en tasas de interés más altas, afectando el consumo y la inversión privada. La depreciación del peso, exacerbada por la incertidumbre global, encarecería las importaciones, presionando los precios de bienes esenciales y complicando el control de la inflación. Standard & Poor’s y Fitch Ratings mantienen la calificación crediticia de Colombia en BB+ con perspectiva negativa, lo que refleja los crecientes riesgos fiscales y la posibilidad de una rebaja si no se implementan correcciones.
En el ámbito social, la acumulación de rezagos presupuestales podría retrasar la ejecución de programas clave, como los destinados a la vacunación masiva contra la fiebre amarilla o la atención de crisis regionales. La necesidad de priorizar el pago de deudas pendientes limitará el espacio fiscal para nuevas iniciativas, lo que podría generar tensiones en un país ya enfrentado a demandas sociales y económicas, como las protestas de los campesinos del Catatumbo o los costos de una eventual consulta popular.
Un camino hacia la estabilidad
El diagnóstico del FMI pone en evidencia la urgencia de actuar para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas colombianas. Mientras el Gobierno trabaja en un plan de ajuste fiscal, la colaboración con el sector privado y la implementación de reformas estructurales serán cruciales para mitigar los riesgos internos y externos. La dependencia de la emisión de deuda, aunque necesaria en el corto plazo, no es una solución sostenible, y la confianza de los inversionistas dependerá de la capacidad de las autoridades para cumplir con las metas fiscales y responder a los desafíos globales.
En un entorno marcado por la incertidumbre de la política comercial estadounidense y la volatilidad de los mercados, Colombia enfrenta un momento crítico. Las decisiones que tomen las autoridades en los próximos meses no solo determinarán la salud fiscal del país, sino también su capacidad para proteger a los más vulnerables y sentar las bases de un crecimiento económico inclusivo y sostenible.
