El Gobierno Nacional anunció un incremento del 9,54% en el salario mínimo para 2025, lo que establece un monto de $1.623.500 , incluyendo el subsidio de transporte. Aunque esta medida busca combatir la pobreza laboral y mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores, ha generado un amplio debate sobre sus posibles repercusiones en la economía colombiana.
Impacto en la inflación
El aumento supera en más de cuatro puntos porcentuales la inflación proyectada para 2024 (5,2%), lo que podría intensificar las presiones inflacionarias en 2025. Según el equipo económico de Bancolombia, este ajuste, al situarse por encima de la productividad calculada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), genera un desequilibrio que incrementará los costos de bienes y servicios intensivos en mano de obra. Además, podría retrasar la meta del Banco de la República de reducir la inflación al 3%, afectando la estabilidad macroeconómica.
Efectos en el empleo y la informalidad
El sector empresarial, liderado por gremios como Acopi, advierte que el aumento representa un reto significativo para las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), que ya enfrentan altos costos laborales. Esto podría traducirse en una mayor informalidad, que actualmente afecta al 60% de la población económicamente activa. Según Acopi, solo el 17% de los trabajadores colombianos perciben un salario mínimo, lo que pone en entredicho el alcance real de la medida.
Opiniones divididas
Mientras sindicatos y algunos analistas defienden el incremento como una forma de redistribuir ingresos y estimular el consumo interno, expertos como Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, advierten sobre los riesgos de replicar el impacto inflacionario experimentado tras incrementos similares en años anteriores.
Un debate de largo alcance
El aumento del salario mínimo no solo plantea interrogantes sobre su viabilidad económica, sino también sobre su efectividad para mejorar las condiciones laborales en un país con altos niveles de desigualdad y empleo informal. La discusión se centra en si esta política salarial puede cumplir con su objetivo redistributivo sin comprometer el crecimiento y la estabilidad económica.
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