Foto: Cortes Constitucional
La Corte Constitucional declaró inexequible el decreto de emergencia social, económica y ecológica en La Guajira que expidió el presidente Gustavo Petro el pasado 2 de julio, con el que buscaba atender la grave crisis humanitaria que vive ese departamento. Sin embargo, la corporación defirió los efectos de su decisión por un año en lo que respecta al acceso al agua y saneamiento básico, y exhortó al Gobierno y al Congreso para que adopten las medidas necesarias para superar la situación.
La Sala plena estudió durante semanas una ponencia que presentó la magistrada Natalia Ángel Cabo que pedía avalar, con condicionamientos, el decreto, en el entendido de que la medida buscaba conjurar los elementos estructurales de la crisis. Sin embargo, el alto tribunal terminó por declarar inexequible todo el decreto. No obstante, la corporación defirió los efectos de su decisión por el término de un año, contados a partir de la expedición del Decreto 1085 de 2 de julio de 2023, “respecto de la amenaza de agravamiento de la crisis humanitaria por la menor disponibilidad de agua”, dijo la Corte mediante un comunicado.
Esto significa que la parte del Decreto que se relaciona al acceso al agua y saneamiento básico no se caerá de inmediato, sino que seguirá vigente hasta el 2 de julio de 2024. El resto de la norma sí deja de tener vigencia de inmediato.
En su decisión, que aún no se conoce completa, el alto tribunal también exhortó al Gobierno y al Congreso para que adopten las medidas necesarias para superar la grave crisis humanitaria estructural que existe en La Guajira para que «se garantice la efectividad de los derechos fundamentales de las personas que habitan en esa zona del país.
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