Foto: CELSIA
El Ministerio de Educación presentó un borrador inicial de su propuesta de reforma a la Ley 30 de educación superior, que se tramitará este semestre en el Congreso, con el fin de recibir comentarios y pulir el articulado antes de radicarlo ante el legislativo.
Entre los cambios importantes que quiere hacer el ministerio está el esquema de transferencias a las Instituciones de Educación Superior (IES) estatales y oficiales, una medida que tendría un costo fiscal de $6,8 billones entre 2024 y 2026, distribuidos así: $1,14 billones en 2024, $2,15 billones en 2025 y $3,46 billones en 2026. Este gasto adicional, de acuerdo con el Ministerio, estaría apalancado en los mayores ingresos por cuenta de la reforma tributaria que se aprobó el año pasado.
En un horizonte de mediano plazo, de cerca de una década, los cálculos de la cartera indican que la reforma, específicamente en las transferencias, supondría recursos adicionales por $33 billones.
En específico, con la reforma se busca hacer modificaciones a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 para atender la problemática de financiamiento de las IES.
Para el artículo 86 se plantea que los aportes del Presupuesto General de la Nación asignados a universidades estatales u oficiales se calculen tomando como base el presupuesto asignado a cada universidad el año inmediatamente anterior, ajustándolo como mínimo cada año con base en el Índice de Costos de la Educación Superior (Ices), que publica el Dane.
Además, desde el PGN se dispondrán recursos adicionales orientados a aumentar progresivamente el acceso, permanencia y graduación de los estudiantes de educación superior pública en pregrado. Los recursos harán parte de la base presupuestal y su asignación la reglamentará el Gobierno.
Por las modificaciones al artículo 86, el Ministerio de Educación calcula costos por $617.017 millones en 2024, $1,52 billones en 2025 y $2,75 billones en 2026.
Para el artículo 87 se propone que los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) destinados a las IES estatales u oficiales se calculen tomando como base el monto asignado a cada entidad territorial certificada en educación superior pública para el año inmediatamente anterior y se ajusten como mínimo cada año con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que publica el Dane.
Asimismo, desde el SGP se dispondrán recursos adicionales orientados a aumentar progresivamente el acceso, permanencia y graduación de los estudiantes de educación superior pública en pregrado. Los recursos harán parte de la base presupuestal y su asignación la reglamentará el Gobierno.
Por las modificaciones al artículo 87, el Ministerio de Educación calcula costos por $522.983 millones en 2024, $628.983 millones en 2025 y $711.983 millones en 2026.
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