Fedesarrollo presenta el proyecto “qué hacer en políticas públicas”

Foto: Cortesía

Con ocasión de la llegada de un nuevo gobierno, Fedesarrollo inició hace seis meses la construcción de una serie de documentos sobre dieciséis temas de política pública–incluyendo temas económicos como empleo y desarrollo productivo, sociales como salud y educación, institucionales como descentralización y corrupción, entre muchos otros aspectos determinantes para el bienestar y el progreso de los colombianos. Esto con el fin de tener una visión concisa y priorizada de los principales problemas de política pública en el país, las causas de esos problemas y las propuestas para resolverlos. “Nuestro  objetivo es que este ejercicio de priorización pueda aportar al gobierno entrante una hoja de ruta clara de las acciones que más impacto podrían tener en los próximos cuatro años”, afirmó el director ejecutivo de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía.

Estos documentos, que pueden ser consultados en la página web https://quehacer.fedesarrollo.org.co/, resultan de dos esfuerzos previos de la institución: el documento “Hacia un nuevo contrato social”, que provee una serie de propuestas integrales en materia social, laboral, pensional y tributaria, y el libro “Descifrar el futuro”, con una visión prospectiva de los principales temas económicos y sociales en el país. Con base en las propuestas de estos dos libros, desde noviembre de 2021 se realizaron 32 sesiones de discusión con cerca de 140 expertos–incluyendo académicos, exservidores públicos, líderes gremiales y sindicales, con el fin de presentar las propuestas y recibir críticas constructivas que permitieran refinar y mejorar lo inicialmente planteado.

El primer documento de esta serie se refiere a la política de protección económica en la vejez. Los tres problemas esenciales del actual sistema son: 1) baja cobertura del sistema de protección, con apenas un 25% de la población mayor pensionada y otro 25% recibiendo subsidios no contributivos de Colombia Mayor; 2) alta regresividad en el acceso al sistema pensional obligatorio, pues los pensionados y los subsidios se concentran en los hogares de más altos ingresos–el 73,1% de los subsidios en pensiones son entregados al 40% de más altos ingresos en el país; y 3) altas inequidades horizontales, pues el sistema obligatorio trata de forma distinta a dos ocupados con exactamente las mismas características dependiendo del régimen en el que se encuentre en el momento de alcanzar su edad de pensión.

Con base en estos problemas, Fedesarrollo propone sustituir el sistema actual por un sistema más sencillo, de tres pilares:

1. Un primer pilar gratuito y de cobertura universal de beneficios definidos, que entregaría un auxilio mensual de $500.000 mil pesos (13 unidades de valor tributario) a todos los adultos mayores de 65 años que no reciben una pensión del sistema obligatorio actual, o que no la reciban en el futuro de acuerdo con una regla de transición (por ejemplo, diez años).
2. Un segundo pilar contributivo obligatorio de ahorro individual, en donde participarían los actuales fondos privados, Colpensiones y otros mecanismos de ahorro debidamente regulados y supervisados. De esta forma, se profundizaría la competencia. Las tasas de contribución quedarían como están actualmente, pero se eliminaría el aporte al fondo de garantía de pensión mínima, de tal forma que 13 puntos porcentuales (pps) de los 16 pps ingresarían a la cuenta del cotizante.

• En el caso de Colpensiones, se migraría hacia un modelo de cuentas nocionales, en donde una tasa de interés nocional, acorde con una tasa de interés de mercado de referencia, determinaría la evolución del ahorro individual de cada cotizante.

3. Un tercer pilar voluntario de ahorro individual, manteniendo los incentivos al ahorro voluntario para la vejez hasta un tope definido en unidades de valor tributario.

Los ingresos de un trabajador en su edad de retiro serían entonces la suma del ingreso básico universal para adultos mayores (primer pilar) y el retiro programado (o renta vitalicia) de los ahorros de la cuenta individual obligatoria (segundo pilar) y de la cuenta individual voluntaria (tercer pilar). El costo del primer pilar universal sería de 2,18% del PIB, lo que implica la necesidad de una gradualidad que permita acomodar este gasto en el contexto del cumplimiento de la regla fiscal.

“Con esta serie de documentos continuamos con nuestra tarea de aportar al debate sobre las políticas públicas, en un momento en el que el país tendrá que tomar decisiones sobre reformas difíciles, pero absolutamente necesarias para encauzar a Colombia hacia un contrato social con más equidad en las oportunidades y con menos riesgos en cabeza de los hogares–como el desempleo y la desprotección económica en la vejez”, concluyó Luis Fernando Mejía.