Foto: Probusqueda
Como responsable de la defensa de los Derechos Humanos y representante de los intereses de la sociedad, el procurador general de la Nación, Alejandro Ordoñez Maldonado, solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ordene al Gobierno de Nicolás Maduro desmontar la política sistemática de ataques en contra de la población colombiana en la frontera.
En el documento radicado este miércoles se solicitan medidas cautelares con base en el Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la obligación de ese organismo de velar por el cumplimiento de los compromisos asumidos por los estados partes, en particular, los que se derivan de la Convención, la Declaración Americana de los Derechos y los Deberes del Hombre, y la Carta de la OEA (1).
Ante el fracaso de la reunión de cancilleres de la OEA propuesta por el Gobierno colombiano, la Procuraduría busca que las medidas cautelares protejan los derechos humanos a la vida, integridad, libertad personal, garantías judiciales, protección a la familia, derechos de los niños, derechos a la propiedad privada, derecho de circulación y residencia y a la protección judicial de todos los colombianos en frontera.
El documento se soporta en denuncias documentadas sobre las graves vulneraciones a esos derechos, perpetradas por el Estado venezolano como parte de una política sistemática de ataque contra la población en razón de su nacionalidad colombiana. Dicha política que ha sido diseñada, ordenada, dirigida y ejecutada bajo la supervisión directa del presidente Nicolás Maduro.
En los últimos meses, y más concretamente, en las últimas semanas, dicha política de ataques escaló. Se han presentado cientos de deportaciones arbitrarias y colectivas de ciudadanos colombianos en situación migratoria irregular o regular o con condición de refugio reconocida, por el solo hecho de ser nacionales colombianos o de origen colombiano, ejecutadas por parte del Gobierno venezolano a través de sus fuerzas militares en el marco de un estado de excepción decretado en diferentes municipios del estado Táchira, siguiendo una política de ataque sistemático decretada públicamente por el presidente Nicolás Maduro contra la población de colombianos que habita en la frontera binacional.
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