Foto: Tomada de aldiaargentina.microjuris.com
La Superintendencia para la Protección de la Libre Competencia Ad Hoc, formuló pliego de cargos contra oho empresas por presuntas infracciones del régimen de la libre competencia derivadas de su aparente cartelización empresarial en 252 procesos de contratación pública ante 149 entidades estatales en los años 2010, 2011 y 2012.
LAS EMPRESAS SON:
1. GUARDIANES COMPAÑÍA LÍDER DE SEGURIDAD LTDA
2. COOPERATIVA DE VIGILANTES STARCOOP CTA
3. COBASEC LTDA
4. CENTINEL DE SEGURIDAD LTDA
5. EXPERTOS SEGURIDAD LTDA
6. COMPAÑÍA INTERAMERICANA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA INSEVIG LTDA
7. COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SEJARPI CTA
8. SECURITY MANAGEMENT GROUP S.A.,
Adicionalmente, la entidad abrió pliego de cargo contra 32 personas naturales que en el pasado o en la actualidad, han hecho o hacen parte de las empresas y cooperativas investigadas en su condición de representantes legales, socios, miembros de juntas directivas, administradores, empleados y ex empleados, quienes aparentemente, tuvieron participación en la creación, ejecución, implementación o seguimiento del presunto cartel empresarial investigado.
El caso
En el año 2011, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF puso en conocimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio, la presunta ocurrencia de acuerdos anticompetitivos en el marco de la Licitación Pública LP-001 de 2011. El ICBF informó que en el curso de la licitación STARCOOP y GUARDIANES se presentaban como supuestos competidores individuales, cuando en realidad actuaban coordinadamente para que alguna de las dos ganara el proceso licitatorio.
A partir de esta denuncia, la Superindustria analizó el comportamiento de las empresas denunciadas en diferentes procesos de contratación estatal y encontró vínculos de tales personas jurídicas con otras empresas. Como consecuencia de tales presuntas relaciones, entre abril de 2012 y febrero de 2013, la Superindustria realizó visitas administrativas de inspección a ocho (8) empresas de vigilancia y seguridad privada, y encontró documentos y correos electrónicos con listas e información de procesos de selección contractual ante distintas entidades públicas, que evidenciaban posibles estrategias anticompetitivas encaminadas a la adjudicación de los contratos allí mencionados.
Posteriormente, en diciembre pasado, el ex representante legal de una de las empresas investigadas se presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio, con el fin de colaborar y reconocer su participación en el presunto cartel empresarial y aportar pruebas que demostrarían la existencia de los acuerdos, su funcionamiento y la forma de hacerle seguimiento. La actuación de este ex empleado culminó con la efectiva suscripción de un Acuerdo de Colaboración por Delación, según el cual, como persona natural, recibirá la exoneración total de la posible sanción a imponer, de acuerdo con lo establecido en la ley.
El presunto cartel anticompetitivo al parecer, buscaba lograr la adjudicación de al menos 252 contratos, cuyo valor ascendía a una suma superior a 320 mil millones de pesos. Los supuestos actos de cartelización empresarial habrían concluido en la presentación de ofertas concertadas en como mínimo 100 licitaciones de las cuales lograron ganar 25 por un valor superior a los 63 mil millones de pesos.
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