La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada estableció una serie de ajustes a la normativa que viene implementando en lavado de activos para las empresas transportadoras de valores y blindadoras de vehículos.
El objetivo de la Supervigilancia es fortalecer aún más las políticas de prevención y detección de actividades ilícitas asociadas a los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo.
Dentro de los mecanismos que ya tienen establecidos en el Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), este tipo de empresas deberán incluir identificadores y medidores de riesgo, así como señales de alerta.
De acuerdo con la nueva normativa, las transportadores de valores y las empresas blindadoras, además deberán contar con respaldos físicos de estos mecanismos y conservarlos por un período mínimo de 5 años.
Igualmente, los procedimientos para el conocimiento del cliente y la verificación de la información serán más detallados y deberán seguir unos parámetros establecidos por la SuperVigilancia.
En cuanto a los montos de las operaciones, la nueva normativa estableció cambios en algunos de ellos, como en el caso de las operaciones múltiples en efectivo, donde ahora se deben reportar las transacciones que igualen o superen los 250 millones de pesos o 15 mil dólares.
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