Bogotá, 1 de diciembre de 2025. En un golpe al proceso de concertación salarial, la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) presentó este lunes 1 de diciembre una carta formal ante la Comisión Permanente de Políticas Salariales y Laborales en la que ratifica su decisión de no participar en la mesa de negociación para definir el incremento del salario mínimo 2026. El gremio, que representa a miles de tenderos y supermercados de barrio, argumenta que el Gobierno nacional, encabezado por Gustavo Petro, ya anunció públicamente su propuesta —un aumento de al menos 11 %— antes de que la Comisión deliberara, convirtiendo el diálogo en un «trámite simbólico» y vulnerando el principio de tripartismo establecido en la Ley 278 de 1996.
Jaime Alberto Cabal Sanclemente, presidente de Fenalco, fue categórico: “Con esta actuación, el Ejecutivo desnaturaliza el proceso de concertación, que exige respeto, escucha y construcción conjunta. Una decisión anticipada, sin soporte técnico y sin discusión, vacía de contenido el diálogo social, desconoce los compromisos internacionales de Colombia y envía un mensaje de profunda inseguridad sobre la solidez de la institucionalidad laboral”. Cabal advirtió que el incremento propuesto, «muy por encima del IPC y de la productividad», carece de sustento y podría exponer al país a «mayores riesgos en empleo, informalidad e inflación», afectando primero a trabajadores, pequeñas empresas y hogares de menores ingresos.
Antecedentes de la crisis: anuncios previos del Gobierno y la «cobardía» denunciada por Sanguino
La tensión escaló la semana pasada, cuando el ministro del Interior Armando Benedetti y el presidente Petro insinuaron un ajuste de al menos 11 % (IPC proyectado 5,2 % + productividad ~1 % + componente real), generando críticas de gremios como Andi y Acopi por «populismo electoral» de cara a las elecciones de 2026. El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, instaló la Comisión el viernes y calificó la ausencia inicial de Fenalco como «acto de cobardía», defendiendo un aumento real para 12 millones de trabajadores (37,6 % nominal en el mandato, con 17 % real) que impulsó el PIB al 3,6 % y bajó el desempleo al 8,2 % —el más bajo del siglo—.
Fenalco, que ya había anunciado su retiro en septiembre, reiteró en la carta que participar equivaldría a «avalar una práctica que contraría la esencia de la concertación». El gremio reafirma su compromiso con un «diálogo social serio, respetuoso y técnicamente informado», pero exige rigor: la fijación del mínimo debe basarse en análisis transparente, no en «anuncios políticos que desconocen el debido proceso».
Implicaciones económicas: riesgos de informalidad e inflación en un mercado laboral frágil
El rechazo de Fenalco agrava la fractura en la mesa, donde sindicatos piden hasta 15 % (incluyendo el salario vital de la OIT, con brecha del 13,3 % respecto al actual $1,425.000) y gremios como Andi proponen 6-6,5 % (IPC + productividad, según Fedesarrollo). Sin consenso tripartito para el 16 de diciembre, Petro decretará el monto hasta el 30, lo que podría profundizar la polarización.
Económicamente, un aumento excesivo —por encima del 8 % según analistas— encarecería la nómina en microempresas (80 % del empleo formal), impulsando informalidad (ya 56,1 %) y presionando inflación (5,51 % en octubre). Fenalco, que representa al comercio minorista —donde 70 % de ventas son a hogares de bajos ingresos—, advierte que «los tenderos y supermercados de barrio» sufrirán primero, erosionando consumo y confianza inversionista. En contraste, Sanguino vincula el ajuste a la reforma laboral pendiente, argumentando que incrementos reales han elevado la masa salarial sin desanclar precios.
Desafíos para la concertación: ¿consenso o decreto en diciembre?
La Comisión, con aportes del Dane (productividad 0,91 % PTF), DNP y MinHacienda, debatirá desindexación (ej. vivienda VIS/VIP) y el salario vital como referente. Sanguino abrió a revisar decretos contra tercerización ilegal, rechazando «tremendismos» de pérdidas masivas de empleo. Gremios presentes como Andi y Acopi saludan el diálogo, pero Fenalco insiste: sin legitimidad, la mesa es «una burla».
Para millones de familias, el resultado definirá no solo el ingreso nominal, sino equidad: un ajuste moderado preserva empleo formal; uno agresivo arriesga espiral inflacionaria. Con el plazo hasta el 15 de diciembre, diciembre será prueba de madurez: ¿pacto social o polarización que debilita la institucionalidad laboral?
