Bogotá, 4 de noviembre de 2025. La Alcaldía de Bogotá, bajo la dirección del alcalde encargado Gustavo Alberto Quintero Ardilla, ha radicado ante el Concejo de la ciudad el Proyecto de Acuerdo que define el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones para la vigencia fiscal de 2026. Este instrumento presupuestal asciende a 40,4 billones de pesos, equivalente a un aumento del 4,5% respecto al monto aprobado para 2025, que se situó en 38,7 billones. La iniciativa, impulsada por la Secretaría Distrital de Hacienda, se alinea con las directrices del Plan Distrital de Desarrollo «Bogotá camina segura», priorizando la ejecución de metas en equidad social y sostenibilidad urbana en una capital que concentra el 25% del PIB nacional y alberga a 7,8 millones de habitantes.
El presupuesto refleja una estructura de asignación que enfatiza la inversión productiva, destinando el 80,6% —unos 32,6 billones— a proyectos de impacto directo en la calidad de vida. El 13% —aproximadamente 5,3 billones— se orienta a gastos de funcionamiento, cubriendo operaciones administrativas y mantenimiento de servicios públicos, mientras que el 6,4% —2,6 billones— atiende el servicio de la deuda pública distrital, que acumula un stock de 35 billones a cierre de septiembre de 2025, según el Ministerio de Hacienda. Esta distribución busca equilibrar la sostenibilidad fiscal con la expansión de cobertura en servicios esenciales, en un contexto de crecimiento económico proyectado para Bogotá en 3,2% para 2026, impulsado por el sector servicios y la construcción.
Composición Sectorial: Prioridades en Movilidad, Educación y Salud
La asignación de recursos se concentra en sectores estratégicos que abordan vulnerabilidades estructurales de la ciudad. La movilidad, con una partida estimada en 8,5 billones (21% del total), financiará la expansión del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) y la culminación de fases del Metro de Bogotá, proyecto emblemático que demandará 4,2 billones en 2026 para avanzar en su tramo elevado. Este enfoque responde a la congestión vehicular que genera pérdidas diarias de 12 billones en productividad, según el Banco de la República, y se complementa con incentivos para transporte no motorizado, alineados con la meta de reducir emisiones en 15% para 2030 bajo el Acuerdo de París.
En educación, se prevén 7,2 billones (17,8%), dirigidos a la cobertura de la educación inicial y media en zonas vulnerables, donde el 35% de los estudiantes de estratos bajos enfrenta deserción por falta de infraestructura. Este rubro incluye la construcción de 15 colegios nuevos y la dotación digital para 200.000 alumnos, en respuesta al rezago postpandemia que elevó la brecha educativa al 28% en pruebas Saber 2024. La salud capturará 6,1 billones (15,1%), fortaleciendo el sistema de subredes integradas y la atención primaria en localidades como Kennedy y Ciudad Bolívar, donde la cobertura en seguros médicos alcanza solo el 85%. Estas inversiones buscan mitigar la sobrecarga hospitalaria, con un costo anual de 1,2 billones en emergencias evitables, según la Secretaría de Salud.
La integración social y hábitat recibirán 5,8 billones (14,4%), enfocados en programas de vivienda de interés social (VIS) y formalización de asentamientos informales, que afectan al 12% de la población bogotana. Este componente incluye subsidios para 50.000 familias y el mejoramiento de 10.000 unidades habitacionales, en línea con la política nacional de vivienda que proyecta un déficit de 1,5 millones de unidades a nivel país para 2026. Otros sectores, como ambiente y agua potable, absorberán el remanente, con énfasis en la cuenca del río Bogotá, cuya recuperación ambiental demanda 2,1 billones anuales para tratar el 70% de las aguas residuales.
Marco Fiscal de Mediano Plazo: Proyecciones ante Incertidumbres Económicas
Paralelamente al proyecto presupuestal, la Secretaría de Hacienda presentó el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) 2026-2036, un documento técnico que proyecta balances fiscales y escenarios macroeconómicos para la próxima década. Esta herramienta, obligatoria por la Ley 819 de 2003, incorpora variables como el crecimiento del PIB distrital (estimado en 3% promedio anual), la inflación (meta del 3% por el Banco de la República) y el tipo de cambio (dólar en torno a 4.200 pesos). El MFMP anticipa ingresos por impuestos locales en 18,2 billones para 2026, impulsados por la reforma al Estatuto Tributario Distrital radicada en agosto, que busca recaudar 1 billón adicional anual mediante ajustes en el predial unificado y el ICA.
En el horizonte de mediano plazo, se consideran riesgos exógenos como la desaceleración global —con el FMI proyectando 3,1% para economías emergentes en 2026— y choques internos, como el impacto de El Niño residual en el abastecimiento hídrico, que podría elevar costos operativos en 500.000 millones. El documento establece un sendero de déficit fiscal del 2,5% del PIB distrital para 2026, convergiendo al 1,8% en 2030, mediante eficiencia en gastos corrientes y alianzas público-privadas (APP) que financiarán el 20% de las inversiones en infraestructura. Para el inversor institucional, este marco ofrece predictibilidad, con un rating crediticio de Bogotá en BBB- por Fitch Ratings, soportando emisiones de bonos municipales con yields del 8,5% en el mercado primario.
Implicaciones Macroeconómicas: Sostenibilidad y Desafíos en un Entorno Nacional Volátil
El presupuesto 2026 se inserta en un panorama nacional donde el Presupuesto General de la Nación, aprobado en octubre por 546,9 billones, prioriza inversión pública en 81,9 billones, pero enfrenta presiones por el endeudamiento externo que alcanza el 60% del PIB. Para Bogotá, como principal contribuyente fiscal (28% de la recaudación nacional), este incremento del 4,5% —por debajo del 5,2% de inflación acumulada— implica un ajuste real conservador, financiado en 60% por rentas propias y 40% por transferencias del Sistema General de Participaciones. La ejecución efectiva dependerá de la aprobación del Concejo, prevista para diciembre, en un debate marcado por demandas de mayor transparencia en APP y control de la deuda, que creció 8% interanual en 2025.
Desde una óptica formativa, este esquema presupuestal ilustra la tensión entre expansión social y rigidez fiscal en economías urbanas emergentes. La alta proporción en inversión (80,6%) podría elevar el multiplicador fiscal en 1,5 veces, generando 120.000 empleos directos en construcción y servicios, según estimaciones del DANE. Sin embargo, el servicio de deuda en 6,4% —superior al 4,8% de 2025— presiona márgenes, exigiendo reformas tributarias que eleven la base imponible en el 12% de la economía informal bogotana. Para analistas y inversores, el MFMP ofrece un ancla para modelar riesgos, con escenarios base que proyectan un PIB per cápita distrital de 28 millones de pesos en 2030, aunque vulnerable a volatilidades en commodities y tasas globales.
En esencia, el proyecto de 40,4 billones posiciona a Bogotá como motor de resiliencia regional, alineando gasto público con objetivos de desarrollo sostenible, en un ciclo económico que transita de recuperación postpandemia hacia consolidación estructural.
