EE. UU. reactivó la norma de «carga pública». La medida busca endurecer los requisitos para obtener la residencia permanente.
Estados Unidos, 16 de julio de 2026. El Gobierno del presidente Donald Trump ha tomado una de las medidas más restrictivas para la inmigración legal en lo que va de su mandato. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) oficializó este jueves la reactivación de la norma de «carga pública» en el Registro Federal.
La medida, que se publicará formalmente el lunes 20 de julio de 2026, busca endurecer los requisitos para los extranjeros que aspiran a obtener la residencia permanente o «green card» en el país.
Con este cambio, las autoridades de la Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) recuperan una amplia discrecionalidad para evaluar los perfiles de los solicitantes. Así, se busca determinar si el candidato representa un costo financiero para el Estado estadounidense.
Un cambio radical frente a las políticas de la era Biden
El nuevo marco legal anula por completo la regulación implementada por la administración de Joe Biden en diciembre de 2022. Aquella norma limitaba estrictamente los tipos de beneficios del Estado que los oficiales migratorios podían considerar al evaluar los casos.
Anteriormente, solo se tomaba en cuenta la asistencia económica directa en efectivo o el cuidado médico institucionalizado de largo plazo a expensas del Gobierno. Sin embargo, la nueva política amplía el abanico de ayudas públicas sujetas a revisión.
Bajo la directriz recién emitida, los oficiales podrán evaluar el uso presente o potencial de servicios clave como:
- Seguridad alimentaria: Cupones de alimentos del programa SNAP.
- Asistencia médica: Acceso a cobertura de salud mediante Medicaid.
- Apoyo de vivienda: Vales de alquiler, subsidios habitacionales y otras ayudas de alojamiento estatal.
Discrecionalidad absoluta y nuevos criterios para los oficiales de USCIS
La medida de la actual administración elimina las definiciones cerradas que blindaban a ciertos usuarios de subsidios. A partir de su entrada en vigencia, los agentes migratorios analizarán la «totalidad de las circunstancias» de cada solicitante en un examen caso por caso.
«La administración está protegiendo a los contribuyentes de subsidiar a extranjeros que puedan volverse dependientes de los beneficios públicos», declaró Zach Kahler, portavoz de USCIS.
Además de las ayudas estatales, la evaluación de «carga pública» incluirá factores individuales del aplicante. Elementos como la edad avanzada (especialmente mayores de 65 años), condiciones de salud preexistentes, el tamaño del núcleo familiar y el nivel de dominio del idioma inglés serán determinantes al momento de aprobar o negar la residencia.
Fechas clave y entrada en vigencia de la nueva norma
La normativa establece un periodo de transición para su despliegue en las oficinas de atención migratoria:
- Publicación formal: Se realizará el próximo lunes 20 de julio de 2026.
- Entrada en vigencia: La regla será de obligatorio cumplimiento a partir del 18 de septiembre de 2026.
- Nuevo formulario: USCIS lanzará una versión actualizada del Formulario I-485 (Solicitud de Registro de Residencia Permanente). Las solicitudes radicadas bajo formatos anteriores después de la fecha límite serán rechazadas de inmediato.
La medida ya despierta una ola de rechazo entre organizaciones de derechos humanos y asesores legales, quienes temen que las familias migrantes dejen de acceder a servicios esenciales de salud y nutrición por miedo a dañar su estatus legal en el país.
