El Concejo de Medellín aprobó el salario del Alcalde, Personero y Contralor se fijó en $27.289.957 mensuales.
Medellín, 16 de julio de 2026. La plenaria del Concejo de Medellín aprobó en segundo debate, con una mayoría de 19 votos positivos, el Proyecto de Acuerdo 92 de 2026. Mediante esta iniciativa de trámite obligatorio, la corporación fijó el salario mensual del Alcalde Distrital, el Personero y el Contralor General de Medellín en $27.289.957 para la presente vigencia fiscal.
El ajuste salarial cuenta con el respaldo legal del Decreto Nacional 323 de 2026 y las directrices de la Ley 617 de 2000. Asimismo, el articulado establece un pago retroactivo correspondiente desde enero de 2026 para los tres altos funcionarios del distrito de categoría especial.
En comparación con el año anterior, cuando el salario de estos servidores se estableció en $25.504.632 bajo el Acuerdo 036 de 2025, la asignación mensual de 2026 representa un incremento del 7%. La medida cuenta con un concepto de viabilidad e impacto fiscal favorable emitido por la Secretaría de Hacienda.
¿Bajo qué parámetros legales se calcula el salario de los altos funcionarios de Medellín?
El concejal ponente y coordinador de la iniciativa, Santiago Narváez, explicó que la fijación de estos honorarios no es discrecional de la administración local. Por el contrario, se realiza en estricto cumplimiento de los topes máximos que establece anualmente el Gobierno Nacional para los entes territoriales según su clasificación socioeconómica.
Al tratarse Medellín de un distrito de categoría especial, las remuneraciones de las cabezas del control disciplinario, el control fiscal y el poder ejecutivo se equiparan bajo el techo máximo permitido por la ley para este rango de municipios.
¿Cómo impacta fiscalmente esta medida al presupuesto del Distrito?
De acuerdo con la exposición técnica de la secretaria de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía, Cristina Nicholls Villa, la adopción del nuevo tope salarial no altera los planes de inversión pública del municipio.
«Se cuenta con un concepto favorable de impacto fiscal emitido por la Secretaría de Hacienda, al establecer que la medida no compromete las metas del Plan Financiero ni del Marco Fiscal de Mediano Plazo», detalló Nicholls Villa.
A pesar de la viabilidad técnica, el debate político en la plenaria abordó la brecha de ingresos en el sector público colombiano. El cabildante José Luis Marín señaló que, aunque la medida cumple con la ley, el país mantiene una marcada desigualdad entre los salarios de altos servidores y el promedio de los trabajadores, un asunto estructural cuya discusión de fondo compete directamente al Congreso de la República.
