La situación ha encendido las alarmas en el gremio energético y empresarial debido a que, de prolongarse el bloqueo o incrementarse la limitación del fluido
Montelíbano- 01 de julio de 2026. Una profunda parálisis parcial sacude al sector minero-industrial del norte del país. La multinacional Cerro Matoso, ubicada en Montelíbano, Córdoba, confirmó este 1 de julio de 2026 que se vio obligada a contraer su capacidad operativa en un 25%. La drástica medida responde a la decisión unilateral de Canacol Energy de restringir el suministro de gas natural a solo 7.000 MBTU, lo que representa un recorte fulminante del 55% del volumen previamente contratado.
De acuerdo con las directivas de la compañía minera, esta sorpresiva restricción desconoce abiertamente las condiciones contractuales vigentes entre ambas corporaciones. La situación ha encendido las alarmas en el gremio energético y empresarial debido a que, de prolongarse el bloqueo o incrementarse la limitación del fluido, la empresa tendrá que apagar en los próximos días una de sus dos líneas de producción, reduciendo sus actividades a la mitad.
¿Cómo afecta el recorte de gas a la economía de Córdoba y Colombia?
El impacto financiero de esta contingencia es inmediato y severo para las finanzas territoriales. La suspensión parcial de procesos productivos no solo pone en vilo cientos de empleos directos y un grueso número de contratos con proveedores locales, sino que asesta un golpe directo a las arcas del Estado.
La firma reportó que están en riesgo directo los aportes por concepto de regalías, compras locales e impuestos, una cifra que asciende a cerca de $3.000 millones de pesos diarios. Este flujo de capital constituye el principal motor económico para miles de familias en el departamento de Córdoba y dinamiza los programas de desarrollo comunitario en la región.
El litigio internacional: ¿Por qué Canacol cerró la llave del gas?
La disputa jurídica de fondo se está librando fuera de las fronteras colombianas, a pesar de que el contrato de suministro de gas natural firmado entre las partes tiene vigencia legal hasta el año 2029. A comienzos de mayo, Canacol Energy radicó formalmente ante una corte de Alberta (Canadá) una solicitud de terminación anticipada de sus contratos de suministro de gas en Colombia.
La semana pasada, el tribunal canadiense otorgó el aval en primera instancia a las pretensiones de Canacol. Ante esta decisión desfavorable, Cerro Matoso notificó que dispone de un lapso de 21 días hábiles para interponer un recurso de apelación, buscando que un juez de segunda instancia en el país norteamericano revoque la medida.
Según trascendió desde la operación en Montelíbano, la empresa minera intentó construir acuerdos de buena fe. Sin embargo, denunciaron que las propuestas planteadas por Canacol Energy contemplaban «incrementos tarifarios desproporcionados» y no ofrecían garantías contractuales firmes sobre el volumen real del hidrocarburo a despachar.
¿Qué papel juegan las autoridades colombianas en este conflicto?
Pese a los fallos en cortes internacionales, la soberanía jurídica en territorio nacional abre un capítulo aparte. En Colombia, la Superintendencia de Sociedades es la única autoridad con la competencia legal para determinar si un fallo definitivo de la justicia canadiense puede ser homologado y aplicado de forma vinculante en el país.
Este examen jurídico deberá ponderar principios constitucionales de orden público, la seguridad energética nacional y el equilibrio macroeconómico. Frente al riesgo inminente de un apagón industrial, Cerro Matoso elevó un llamado de urgencia al Gobierno Nacional para que intervenga de inmediato.
La petición formal va dirigida al Ministerio de Minas y Energía, a la Superintendencia de Sociedades y a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Se les solicita adoptar acciones cautelares inmediatas que salvaguarden los derechos de los trabajadores y de las más de 50.000 personas que se benefician indirectamente de la actividad de este complejo minero-industrial.
