Debido al acelerado ritmo de gasto del presupuesto general, que aumentó un 18,1% en términos nominales entre enero y mayo de este año, el déficit primario de la Nación corre el riesgo de superar el 4% del Producto Interno Bruto (PIB).
Bogotá -23 de Junio de 2026. A solo 46 días de finalizar la administración de Gustavo Petro, los centros de pensamiento económico han comenzado a destapar la compleja realidad de las finanzas públicas que heredará el nuevo mandatario. La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) lanzó una severa advertencia: el equipo económico del presidente electo, Abelardo De La Espriella, recibirá una auténtica «bomba de tiempo fiscal» que estallará de forma crítica en el año 2027 si no se toman medidas drásticas inmediatas.
El centro de pensamiento, en su más reciente informe analítico del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), explicó que el próximo Gobierno se enfrentará a una disyuntiva financiera insostenible. Debido al acelerado ritmo de gasto del presupuesto general, que aumentó un 18,1% en términos nominales entre enero y mayo de este año, el déficit primario de la Nación corre el riesgo de superar el 4% del Producto Interno Bruto (PIB).
¿Qué opciones tiene el nuevo Gobierno ante el aplazamiento de la deuda?
Para cumplir con las metas impuestas por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) y el Confis, el Ejecutivo actual se ha visto obligado a evaluar el rezago de al menos $63 billones de pesos. Sin embargo, ANIF aclara que esta maniobra técnica es solo un analgésico temporal. Aplazar estos compromisos financieros significa que la deuda tendrá que ser pagada obligatoriamente en 2027, trasladando el problema de caja de forma directa a la nueva administración de De La Espriella.
A este panorama se suman las dificultades para realizar operaciones de manejo de deuda orientadas a reducir el pago de intereses. El centro de estudios advierte que, ante la falta de liquidez y los problemas de caja del tesoro nacional, el costo de los intereses podría dispararse del 3,2% estimado por el Minhacienda actual hasta un 4,2% del PIB. Bajo este escenario de estrés, el déficit fiscal total de Colombia escalaría hasta el 7,2% del PIB.
¿Por qué el ajuste debe enfocarse en recortar el gasto público y no en más impuestos?
«Las medidas de ajuste fiscal basadas en aumentar los ingresos tributarios son de menor éxito frente a las que se concentran en reducir de forma real el gasto público», dictaminó ANIF en su documento.
La magnitud del ajuste requerido para recuperar la credibilidad en los mercados internacionales e intentar recobrar el grado de inversión es de $53 billones de pesos (equivalentes a 3 puntos del PIB). Aunque el gobierno saliente propuso una reforma tributaria de $30,2 billones, los expertos aseguran que el camino sostenible es la austeridad estatal y la reestructuración del gasto de funcionamiento.
Las propuestas clave de ANIF para frenar la crisis fiscal
- Racionalización de la nómina estatal: Congelación y eliminación de cargos públicos innecesarios.
- Recorte de gasto discrecional: Reducción sustancial de contratos de prestación de servicios.
- Focalización de subsidios: Eliminación gradual de los subsidios a los combustibles y auditoría a las transferencias sociales mediante cruces de bases de datos ($14 billones de ahorro estimado).
- Inversión productiva (Capex): Reevaluar los programas de baja ejecución, considerando que actualmente de cada $100 comprometidos para inversión, solo $35 van a proyectos productivos reales.
¿Será necesaria una nueva reforma tributaria en el gobierno de De La Espriella?
El centro de pensamiento concluye que, una vez se aplique la tijera al gasto del Estado, la nueva administración tendrá que tramitar una reforma tributaria estructural enfocada en ampliar la base de contribuyentes y reducir los niveles de evasión.
Entre las alternativas planteadas para recaudar cerca de $12 billones de pesos adicionales se encuentran la disminución del umbral de ingresos para que más personas naturales declaren renta, la eliminación de beneficios arancelarios y tratamientos preferenciales, y el aumento de la progresividad tributaria en las pensiones más altas del país. No obstante, ANIF recalca que ninguna medida será sostenible sin políticas agresivas de reactivación que impulsen el crecimiento económico al menos un 1% adicional por año.
