Fasecolda entregó sus propuestas sobre gestión del riesgo catastrófico y seguros inclusivos a las campañas presidenciales de segunda vuelta.
Bogotá, 17 de junio de 2026. La coyuntura electoral de cara a la segunda vuelta presidencial marca el rumbo de las políticas de desarrollo del próximo cuatrienio. En este escenario, la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) entregó una hoja de ruta técnica e institucional orientada al periodo 2026-2030. Dicho documento fue presentado de manera simultánea a los dos comandos de campaña. En efecto, la propuesta está diseñada para blindar las finanzas públicas y el patrimonio de los hogares frente a choques climáticos, sociales y económicos.
Por lo tanto, la iniciativa del gremio asegurador busca incidir directamente en la estructuración de las bases del próximo Plan Nacional de Desarrollo (PND). Sin duda, el bloque de propuestas se fundamenta en un dato crítico del entorno regional. De acuerdo con estimaciones internacionales indexadas, más del 80% de las pérdidas económicas derivadas de desastres naturales en América Latina no cuenta con coberturas ni pólizas de aseguramiento. En consecuencia, esta desprotección traslada una presión fiscal insostenible al Estado y pauperiza a las comunidades afectadas.
Por esta razón, el presidente ejecutivo de Fasecolda, Gustavo Morales, enfatizó la urgencia de reconfigurar la visión estatal en esta materia. Su pronunciamiento se dio durante la presentación del documento este 17 de junio de 2026. «Colombia necesita avanzar hacia una visión más integral de la gestión del riesgo. No basta con prevenir los desastres; también es necesario fortalecer la capacidad financiera para responder y recuperarse cuando estos ocurren. Los seguros son una herramienta que protege a las familias», afirmó Morales con determinación.
¿En qué consisten los dos pilares de protección económica propuestos por el gremio?
La agenda sectorial se divide en dos grandes apuestas macroeconómicas. Ambas iniciativas buscan corregir fallas estructurales de acceso y desprotección financiera en el país. Por un lado, el primer pilar se enfoca en democratizar el mercado de pólizas de manera masiva. Para lograrlo, el gremio propone ubicar al aseguramiento en el centro de las políticas públicas de inclusión financiera. Esto se ejecutará a través de la modernización de los sistemas de información del Estado.
Además, esta medida pretende habilitar incentivos y marcos normativos de innovación. De este modo, se busca que el ecosistema Fintech e Insurtech desarrolle microseguros accesibles y económicos. Dichos productos estarán adaptados a las realidades de los pequeños negocios, micronegocios urbanos y productores agropecuarios tradicionales. Es decir, se atenderá a sectores que históricamente han carecido de herramientas de transferencia de riesgo ante quiebras o pérdidas de cosechas.
¿Cómo planea el sector privado articular la gestión del riesgo catastrófico con las regiones?
Por otro lado, la segunda propuesta estructural apunta de lleno a la creación de una estrategia robusta de gestión del riesgo catastrófico. En ese sentido, el gremio plantea la necesidad de realizar un inventario de los activos estratégicos de la Nación. Este censo debe ser exhaustivo y auditable, incluyendo la infraestructura pública concesionada y propia de los entes territoriales. Por consiguiente, el objetivo final es cuantificar con precisión los pasivos ambientales contingentes.
Fasecolda argumenta que una articulación fluida acelerará sustancialmente los tiempos de reconstrucción física. Para ello, se requiere conectar al Gobierno Central con las alcaldías, las gobernaciones y el sector reasegurador internacional. Asimismo, esta sinergia facilitará la reactivación económica tras la ocurrencia de eventos sísmicos, hidrometeorológicos o inundaciones. En consecuencia, la estrategia busca evitar descalces presupuestales severos en los municipios de categorías 4, 5 y 6, cuya resiliencia financiera es bastante limitada.
