BOGOTÁ, 10 de junio de 2026. El diseño institucional de las políticas de movilidad y la estructura de costos de los hogares del país enfrentan una controversia jurídica y económica de grandes proporciones en las células legislativas. La Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) manifestó públicamente su rechazo a la creación de una nueva carga fiduciaria obligatoria para los ciudadanos que poseen permiso de conducción. El gremio advierte que la medida desvirtúa la naturaleza técnica del riesgo asegurable, genera duplicidad de cobros dentro de los núcleos familiares y carece de los estudios de viabilidad financiera exigidos por las autoridades de control de la banca.
Estado del trámite legislativo y población afectada
La propuesta normativa avanzó de manera acelerada en los escenarios de debate del Congreso de la República, encendiendo las alarmas del sector asegurador privado. Por consiguiente, la iniciativa ya se encuentra en su cuarto debate reglamentario.
Por lo tanto, la aprobación del polémico artículo 37 del proyecto de Ley 277-25S–058 24C obligaría a un volumen masivo de ciudadanos a adquirir una póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual vinculada directamente a su licencia de conducción, funcionando en paralelo al SOAT. Según las bases de datos consolidadas del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), esta nueva obligación financiera recaería sobre una población que supera los 13 millones de conductores en todo el país. Fasecolda aclaró que comparte los objetivos globales de la ley orientados a disminuir los índices de siniestralidad mediante el sistema de sanción por puntos. Sin embargo, califica este apartado específico como inconveniente e inviable.
Argumentos técnicos: Ruptura del nexo de riesgo y regresividad
Por otra parte, la justificación técnica para exigir el archivo y la eliminación de este seguro obligatorio se fundamenta en la teoría general del riesgo y en la economía de los contratos de cobertura. El gremio expone tres fallas estructurales insalvables en la redacción de la norma.
Asimismo, las razones que motivan la solicitud de supresión son las siguientes:
- Desalineación del riesgo asegurable: La propuesta aplica el seguro sobre el documento personal (la licencia) y no sobre el automotor, desconociendo que el riesgo real surge del uso del vehículo y de la actividad efectiva de circulación. Ser titular de una licencia vigente no implica que la persona esté participando en el tráfico vial o que posea un carro propio.
- Ausencia de nota técnica oficial: El artículo fue incluido sin una discusión previa con las empresas aseguradoras y carece del análisis exigido por la Superintendencia Financiera de Colombia para determinar primas, coberturas y sostenibilidad financiera, amenazando con encarecer los costos operativos que se trasladan al usuario.
- Efecto regresivo en los hogares: En el entorno familiar colombiano, un mismo automóvil suele ser conducido por múltiples integrantes del hogar. Si el seguro se cobra por licencia, cada miembro de la familia tendría que pagar una póliza individual para cubrir un único y mismo riesgo, multiplicando el gasto familiar sin aumentar la protección real en las vías.
Condiciones sectoriales para futuras discusiones de política pública
La industria aseguradora nacional no cierra la puerta de forma definitiva al debate sobre la conveniencia de implementar un seguro de responsabilidad civil hacia el futuro, pero exige el cumplimiento de rigurosos estándares metodológicos.
Por consiguiente, el presidente de la federación gremial, Gustavo Morales, argumentó que cualquier propuesta de esta naturaleza debe contar con una discusión técnica amplia desde su primer debate legislativo, asegurando la participación directa del sector privado que administra el riesgo. De igual modo, Morales enfatizó que la ley no debe fijar de manera impositiva la regulación tarifaria de la prima. Finalmente, el directivo concluyó que es indispensable realizar estudios previos de proporcionalidad para verificar si la medida genera beneficios reales tangibles para los ciudadanos o si solo se convierte en una carga impositiva ineficiente.
En conclusión, el debate sobre el nuevo seguro obligatorio para conductores de Fasecolda expone la necesidad de sincronizar las iniciativas parlamentarias con las realidades financieras del consumidor local. Al carecer de un sustento actuarial y romper la lógica tradicional del aseguramiento vehicular, el artículo 37 del proyecto de ley amenaza con golpear la liquidez de la clase media colombiana. Corresponde ahora a las plenarias legislativas corregir estas asimetrías técnicas para evitar distorsiones económicas en los presupuestos familiares durante la vigencia actual.
