Bogotá, 31 de mayo de 2026. La Registraduría Nacional instaló oficialmente la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia. Más de 41,4 millones de ciudadanos están habilitados para elegir al próximo mandatario del país para el periodo 2026-2030. Durante el acto oficial de apertura, el registrador nacional, Hernán Penagos, invitó a la población a acudir masivamente a las urnas.
El funcionario definió el voto como la máxima expresión de la libertad civil. Asimismo, pidió a los partidos políticos y a la sociedad un voto de confianza en el sistema electoral. La transparencia del conteo de votos resulta vital para la estabilidad económica y la confianza de los mercados financieros.
Infraestructura logística y censo electoral
Las autoridades activaron un despliegue operativo sin precedentes en todo el territorio. Un total de 860.000 jurados de votación custodian las mesas de sufragio. Además, los testigos electorales de los diferentes partidos cubren el 98% de las mesas de votación. Cerca de 9.000 jueces y notarios certifican el desarrollo normal del proceso. El registrador Hernán Penagos aseguró que el Estado brinda plenas garantías para que la ciudadanía vote de forma libre y segura.
La entidad dispuso 13.742 puestos de votación en el país y el exterior. El sistema cuenta con herramientas modernas para evitar fraudes. Entre estas medidas destacan la autenticación biométrica y la publicación inmediata de los formularios E-14. Las misiones de observación nacional e internacional también vigilan el proceso.
Debate técnico por el software de escrutinios
El inicio de la jornada incluyó debates sobre la tecnología utilizada. El presidente Gustavo Petro insistió en que la Registraduría debe nacionalizar el software de escrutinio. El mandatario basó su petición en un fallo del Consejo de Estado del año 2018. Sin embargo, Hernán Penagos aclaró que la entidad cumplió dicha sentencia desde las elecciones de 2022.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) administra el software de forma autónoma. El Estado colombiano compró esta plataforma tecnológica a la empresa española Indra. Durante las últimas dos semanas, los delegados de los partidos políticos revisaron el código fuente. Los auditores internacionales examinaron el sistema y emitieron un concepto favorable. Finalmente, la Procuraduría General vigila el congelamiento del software para evitar alteraciones.
