la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas) ha solicitado formalmente al Gobierno Nacional intervenir para proteger la seguridad energética.
Bogotá – 08 de Mayo de 2026. El panorama energético del país enfrenta una semana determinante en los estrados judiciales internacionales. Tras el aplazamiento de la audiencia en la corte de Alberta, Canadá, se confirmó que el próximo 15 de mayo se definirá si la compañía Canacol Energy podrá terminar de manera anticipada sus contratos de transporte y suministro de gas natural en Colombia. Esta decisión ha encendido las alarmas en el sector extractivo y regulatorio, dado el impacto directo sobre el abastecimiento en la región Caribe y el interior del país.
En consecuencia, la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas) ha solicitado formalmente al Gobierno Nacional intervenir para proteger la seguridad energética. Por tal motivo, el gremio argumenta que la estabilidad del servicio no puede quedar supeditada exclusivamente a fallos proferidos en el exterior que desconozcan la realidad operativa del sistema colombiano.
Descenso en la producción y riesgo de desabastecimiento
La crisis de Canacol Energy no es un evento aislado, sino el resultado de una reducción sostenida en sus indicadores operativos. En julio de 2023, la compañía registraba una producción de 196 millones de pies cúbicos diarios (MPCD). Sin embargo, debido a factores técnicos y geológicos, esa cifra ha colapsado hasta situarse cerca de los 75 MPCD en la actualidad.
A pesar de este declive, la empresa mantiene obligaciones contractuales en firme por aproximadamente 110 MPCD. Este déficit operativo es lo que motiva la búsqueda de una terminación anticipada de acuerdos en Canadá. No obstante, Naturgas enfatiza que el gas de Canacol es vital para:
- Siete departamentos de la Costa Caribe y municipios de Norte de Santander.
- El suministro de hogares, industrias y el sector transporte.
- La operación de la planta térmica en Sahagún, Córdoba, clave para el respaldo eléctrico.
Alternativas frente a la cancelación de contratos
Desde una perspectiva analítica, la terminación de estos acuerdos representaría un golpe severo a la confianza del mercado. Por consiguiente, la presidenta de Naturgas, Luz Stella Murgas, ha manifestado que existen caminos distintos a la vía judicial. Según el gremio, el interés de nuevos inversionistas y la renegociación de términos entre privados permitirían mantener la operación sin sacrificar la prestación del servicio.
De igual manera, el sector advierte que una suspensión de contratos obligaría a la industria a migrar hacia energéticos más costosos y contaminantes, como el diésel o el carbón. Por lo tanto, este escenario presionaría al alza los precios de bienes de consumo masivo, afectando la inflación y la competitividad del aparato productivo nacional.
La excepción de orden público como herramienta de defensa
Ante la inminencia del fallo en Canadá, Naturgas ha pedido al Estado colombiano aplicar la Ley 1116 de 2006 sobre insolvencia transfronteriza. En esencia, la solicitud busca que se ejerza la excepción de orden público. Esta herramienta legal permitiría al país desconocer o limitar decisiones judiciales extranjeras que comprometan servicios públicos esenciales y la estabilidad energética nacional.
En conclusión, la seguridad jurídica de los contratos es el pilar que sostiene las inversiones en el sector hidrocarburos. Por tal razón, permitir una cancelación masiva de obligaciones sin una evaluación de impacto social vulneraría los principios de soberanía energética. El mercado espera que la reprogramación de la audiencia para el 15 de mayo permita alcanzar acuerdos que eviten un racionamiento de gas en las zonas más dependientes de la operación de Canacol.
