BOGOTÁ – 8 de mayo de 2026. La Sección Quinta del Consejo de Estado emitió un fallo determinante en materia de política rural. El alto tribunal ordenó al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural cumplir de manera inmediata con la Ley 2378 de 2024. Dicha normativa exige la formulación y adopción formal de la Política Nacional de Mercadeo Agropecuario. En consecuencia, la entidad deberá acelerar los procesos administrativos que han presentado demoras según la evaluación judicial.
Incumplimiento de mandatos legales
En primer lugar, la Sala analizó una impugnación contra una sentencia previa del Tribunal Administrativo de Boyacá. Tras revisar las pruebas, el Consejo de Estado acreditó la renuencia del Ministerio. Por una parte, el demandado no respondió oportunamente a las solicitudes del actor. Por otra parte, aunque la cartera demostró avances en proyectos y asignación presupuestal, estos no constituyen un cumplimiento efectivo de la ley. Por lo tanto, el tribunal concluyó que las obligaciones de los artículos 4 y 6 son vigentes, claras y exigibles.
Plazos y órdenes específicas del tribunal
Asimismo, la sentencia establece cronogramas estrictos para el Gobierno Nacional. En este sentido, el Ministerio de Agricultura dispone de un mes para definir los mecanismos de elección de representantes. Además, debe realizar la instalación formal de la mesa técnica intersectorial. De igual modo, la Sala otorgó un plazo máximo de dos meses para la adopción definitiva de la Política Nacional de Mercadeo Agropecuario. Es importante destacar que, si bien se vinculó al presidente de la República en el proceso, la responsabilidad operativa recae directamente en la cartera de agricultura.
Impacto esperado en el sector rural
Por otro lado, esta decisión judicial busca garantizar que el Estado lidere y coordine la comercialización de productos del campo de forma técnica. Debido a que la instalación de la mesa estaba prevista inicialmente para febrero de 2026, el fallo obliga a reducir los tiempos de implementación. En consecuencia, el Ministerio deberá publicar los borradores y actos administrativos para recibir observaciones ciudadanas de manera inmediata.
Finalmente, la autoridad judicial realizará un seguimiento estricto mediante informes periódicos. Gracias a esta acción de cumplimiento, se espera saldar una deuda histórica con la organización del mercado rural. En conclusión, el fallo representa una victoria para la seguridad jurídica y el desarrollo efectivo del sector agropecuario en el país.
