Bogotá, 17 de febrero de 2026. Tras la nulidad del Decreto 1469 de 2025 proferida por el Consejo de Estado, el Consejo Gremial Nacional respaldó la decisión y exigió al Gobierno Nacional expedir un nuevo decreto. El gremio empresarial enfatiza que la fijación del salario debe cumplir estrictamente con los criterios técnicos y legales para evitar un clima de inseguridad jurídica.
El costo de la improvisación administrativa
La decisión del Consejo de Estado de anular el decreto que fijó el salario mínimo para 2026 ha generado un sismo institucional.
El respaldo del Consejo Gremial al fallo judicial envía un mensaje contundente: la confianza de los inversionistas y empresarios depende de que las reglas de juego sean predecibles y legales. Para el sector productivo, un salario mínimo fijado sin sustento jurídico adecuado pone en riesgo la generación de empleo y la sostenibilidad de las pequeñas y medianas empresas.
Los pilares de la petición gremial
El pronunciamiento de los gremios se resume en tres exigencias fundamentales para restaurar la estabilidad económica:
- Garantía de Legalidad: El control jurisdiccional es visto como la única forma de asegurar el equilibrio entre las ramas del poder, evitando decisiones unilaterales del Ejecutivo.
- Sujeción a la Ley 278: Los empresarios recuerdan que el salario no es un capricho político, sino una variable que debe considerar la inflación proyectada, la productividad y la contribución del trabajo al PIB.
- Nueva Resolución: El gremio insta al Gobierno a emitir un nuevo acto administrativo que corrija los vicios de nulidad, otorgando una seguridad jurídica que hoy está en duda.
¿Qué pasará con los pagos de nómina?
La nulidad del decreto genera una incertidumbre operativa inmediata para los departamentos de recursos humanos en todo el país. Mientras no se expida el nuevo decreto ajustado a la ley, existe un vacío sobre cuál es el valor vigente para las liquidaciones de seguridad social y prestaciones del año 2026. Este debate se suma a un panorama de inversión privada que ya reporta mínimos históricos (16% del PIB), lo que añade presión a la administración central para actuar con celeridad.
