Bogotá, 23 de enero de 2026. El Ministerio de Hacienda confirmó que trabaja en nuevos decretos para garantizar los $16,3 billones que se dejaron de recaudar después de que la Corte Constitucional tumbara la ley de financiamiento.
Hasta ahora, los dos decretos expedidos en el marco de la emergencia económica ya aseguran cerca de $12 billones, pero aún faltan $4 billones para cerrar la brecha.
El ministro Germán Ávila anunció que el Gobierno evalúa prorrogar la emergencia económica –que ya cumplió sus primeros 30 días– y preparar medidas adicionales, que podrían incluir más impuestos o recortes en el presupuesto.
¿Qué está pasando con la emergencia económica?
El Gobierno declaró emergencia económica en diciembre de 2025 para enfrentar el hueco fiscal dejado por la caída de la ley de financiamiento. Esa norma buscaba recaudar $16,3 billones para financiar el presupuesto nacional.
Con los primeros decretos ya expedidos, se han garantizado $12 billones. El ministro Ávila explicó que ahora avanzan en una prórroga (hasta 90 días adicionales) o en una nueva declaratoria para poder emitir más medidas.
“Estamos evaluando otras opciones que nos permitan cubrir ese faltante. Si no logramos nuevos ingresos tributarios, tendremos que reducir el presupuesto”, advirtió el jefe de la cartera.
La emergencia actual está bajo revisión en la Corte Constitucional, que ya pidió pruebas adicionales. Ávila aseguró que hay “planes alternativos” si el alto tribunal la declara inconstitucional, aunque prefirió no detallarlos mientras se ejecuta el “plan A”.
Los impuestos que ya están vigentes
La emergencia ya trajo cambios tributarios importantes que muchos colombianos están sintiendo en el bolsillo:
- Impuesto al patrimonio: la base mínima bajó de 72.000 UVT a 40.000 UVT (cerca de $2.000 millones). Esto amplía significativamente el número de personas obligadas a pagar.
- Licores: vinos, aperitivos y aguardientes que tenían tarifa reducida del 5% ahora pagan el IVA general del 19%. El Gobierno lo justifica por salud pública y recaudo.
- Cigarrillos: el impuesto por cajetilla pasó de alrededor de $4.000 a más de $10.000.
- Nuevos gravámenes bimestrales: impuesto a plásticos de un solo uso y a bebidas ultraprocesadas y alimentos con alto contenido de azúcar, sodio o grasas saturadas.
Estos cambios buscan tanto recaudar como desincentivar consumos considerados dañinos para la salud y el medio ambiente.
¿Por qué esto importa y qué opciones tiene el Gobierno?
El hueco de $16,3 billones es crítico porque afecta el presupuesto nacional: educación, salud, infraestructura y transferencias a regiones dependen de ese dinero.
Si no se recauda lo faltante, el ministro advirtió que habrá recortes. Eso podría significar menos inversión en programas sociales, obras públicas o subsidios.
La prórroga de la emergencia daría al Gobierno facultades extraordinarias para expedir decretos con fuerza de ley, sin pasar por el Congreso. Pero todo depende de que la Corte no tumbe la declaratoria actual.
Ávila recordó que algo similar pasó con la ley de financiamiento original: cuando el Congreso la rechazó por razones políticas, el Ejecutivo tuvo que buscar alternativas. Ahora aseguran tener “opciones” listas.
¿Cómo te afecta directamente como ciudadano?
Para la persona común, estos cambios ya se sienten y podrían intensificarse:
- Más caro el licor y el tabaco: una botella de vino o un paquete de cigarrillos cuesta notablemente más desde enero.
- Alimentos y bebidas procesadas: productos como gaseosas, snacks y comidas ultraprocesadas enfrentan nuevos impuestos que probablemente se trasladen al precio final.
- Plásticos de un solo uso: bolsas, pitillos y envases desechables también subirán de precio.
- Patrimonio: si tienes bienes por encima de $2.000 millones (casas, vehículos, inversiones), podrías entrar al radar del impuesto al patrimonio, aunque sea temporal.
Si no se cierra el hueco, posibles recortes presupuestales podrían reducir recursos para hospitales, escuelas o subsidios como Familias en Acción.
Hacia dónde va esta situación
La Corte Constitucional está revisando la emergencia actual. Si la avala, el Gobierno podrá prorrogarla y expedir nuevos decretos pronto.
Si la declara inexequible, el Ejecutivo activará su “plan B”, que podría incluir un nuevo proyecto de ley en el Congreso o incluso otra declaratoria de emergencia.
En cualquier caso, el mensaje es claro: vienen más ajustes tributarios o menos gasto público para equilibrar las cuentas de 2026.
En síntesis
El Gobierno avanza en medidas para cubrir los $16,3 billones perdidos con la caída de la ley de financiamiento. Los decretos ya garantizan $12 billones, pero los $4 billones restantes obligan a decisiones difíciles: nuevos impuestos o recortes. Mientras la Corte revisa la emergencia, los colombianos ya enfrentan cambios en licores, tabaco, alimentos procesados y plásticos, en un esfuerzo por equilibrar las finanzas públicas sin comprometer lo esencial.
