Bogotá, 30 de diciembre de 2025. La Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (ANATO) expresó su “profunda preocupación” por el incremento del 23,7 % al salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV) para 2026 –decretado por el presidente Gustavo Petro–, que eleva el ingreso base a $1.750.905 y el total con auxilio de transporte a $2.000.000. El gremio calificó la medida como “desconectada de datos técnicos y productividad”, con efectos negativos que trascienden lo laboral y amenazan la sostenibilidad del turismo receptivo, sector estratégico para exportaciones y empleo formal.
Paula Cortés Calle, presidenta de ANATO, afirmó: “El turismo es intensivo en empleo formal y encadenamientos productivos. Decisiones salariales deben basarse en datos técnicos, productividad y realidades de mercado, no en impulsos que debilitan tejido empresarial que sostiene empleo y competitividad”.
Tres impactos críticos en turismo receptivo
ANATO identificó razones por las que el ajuste –superior a proyecciones sectoriales (8-12 %)– golpea especialmente al turismo receptivo (exportador de servicios a extranjeros):
- Ruptura de planeación contractual: ciclos largos del sector (tarifas, reservas y contratos con mayoristas internacionales para 2026) se cerraron bajo proyecciones macro distintas. El aumento desestructura costos ya comprometidos.
- Doble choque económico: incremento abrupto de costos laborales + dólar ~$3.700 reduce valor real de ingresos en divisas. Empresas DMC (Destination Management Companies) pierden rentabilidad y competitividad frente a destinos regionales, arriesgando posicionamiento internacional ganado por Colombia.
- Efectos macro adversos: alza desconectada de productividad genera presiones inflacionarias adicionales, encarece contratación formal y fomenta informalidad/desempleo. MiPyme turísticas –mayoría del sector– enfrentan mayor riesgo de cierre.
Llamado a políticas con diálogo y visión de largo plazo
ANATO reiteró necesidad de construir políticas económicas con diálogo tripartito, análisis técnico y sostenibilidad. “Proteger poder adquisitivo es legítimo, pero no a costa de debilitar sectores exportadores como turismo receptivo, que generan divisas y empleo formal”, concluyó Cortés Calle.
En un 2026 con reforma laboral en implementación y emergencia económica, el gremio ve la medida como amenaza a recuperación turística post-pandemia y competitividad regional.
