Bogotá, 30 de diciembre de 2025. María Claudia Lacouture, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), analizó el incremento del 23,7 % al salario mínimo para 2026 –decretado por el Gobierno Nacional–, que eleva el ingreso total a $2.000.000 con auxilio de transporte. Aunque reconoció beneficio directo para una minoría de trabajadores, alertó que gran parte del aumento se diluirá por inflación inducida, encarecimiento de costos y presión en empleo formal e informalidad.
“Subir 23 % el salario mínimo suena bien en discurso, pero no garantiza más consumo ni empleo. Beneficia directamente a pocos, encarece trabajo formal, sube precios, espanta inversión y golpea a familias que se dice proteger”, sintetizó Lacouture en comunicado y publicaciones en X.
¿Por qué se pierde parte del aumento? Análisis punto por punto
Lacouture desglosó razones por las que el incremento nominal no traduce en ganancia real sostenida:
- Beneficio limitado: Solo 17-20 % de ocupados formales ganan exactamente 1 SMLMV y reciben el 23 % completo. Más de 45 % que ganan menos (muchos informales) no ven aumento, pero pagan precios más altos en canasta familiar.
- Impulso al consumo acotado: Demanda adicional es limitada (solo minoría recibe pleno ajuste), mientras alza de precios afecta a todos.
- Presión en generadores de empleo: MiPyme (~80 % empleo formal) enfrentan costo laboral $2,7-2,8 millones por trabajador. Muchas frenarán contrataciones o cerrarán.
- Desacople con productividad: Entre 2022-2025, salario mínimo creció 42 % acumulado vs. inflación ~30 % y productividad estancada. Subir por encima erosiona competitividad.
- Inflación inducida: Bienes, servicios y tarifas indexados al SMLMV suben automáticamente; resto por costos de producción. Resultado: erosión rápida de poder adquisitivo.
- Desincentivo inversión: Regulación rígida + salario alto sin productividad + incertidumbre jurídica/física hacen Colombia menos atractiva vs. región.
Lacouture concluyó: “Círculo vicioso: ilusión ingreso mayor, pero precios al alza, informalidad creciente y menos oportunidades. Decisiones sin sustento técnico/legal sólido afectan a quienes se busca proteger”.
Contexto: decisión unilateral en emergencia económica
El aumento –mayor en décadas– se decretó tras falta de concertación tripartita, pese a mandato constitucional. AmCham denunció “incertidumbre jurídica” y cambio unilateral en definición de salario mínimo.
En un 2025 con inflación 5,3 %, crecimiento 2,9 % y emergencia económica declarada, análisis de Lacouture refuerza críticas gremiales (ANDI, Fenalco, ACRIP) sobre riesgos macro: mayor informalidad (>50 % ocupados), presión fiscal y menor inversión.
