Bogotá, 20 de diciembre de 2025. Jaime Alberto Cabal Sanclemente, presidente de Fenalco, reaccionó con dureza al anuncio del ministro de Hacienda, Germán Ávila, de declarar un estado de emergencia económica para recaudar $16,3 billones en 2026 tras el hundimiento de la reforma tributaria. Para el líder de los comerciantes, se trata de una “pésima decisión” que carece de sustento constitucional y representa un abuso de poderes excepcionales.
“No existen hechos sobrevinientes ni perturbación grave”
Cabal argumentó que la emergencia no cumple los requisitos del artículo 215 de la Constitución:
- No hay hechos extraordinarios, imprevisibles y graves que amenacen inminentemente el orden económico o social.
- El rechazo congressional a la tributaria es parte normal del sistema democrático y los frenos y contrapesos del Estado de derecho.
- “Perder una votación parlamentaria no habilita poderes excepcionales ni justifica concentración transitoria de funciones en el Ejecutivo”.
En su lugar, Cabal propuso alternativas ordinarias: reducir burocracia y corregir derroche en gasto público. “Antes de pedir más a los ciudadanos, el Gobierno debe demostrar austeridad, transparencia y resultados”, enfatizó.
El impacto social: “El bolsillo de los colombianos no aguanta más”
El presidente de Fenalco ligó el debate fiscal a la realidad social:
- Persisten cuestionamientos sobre ejecución presupuestal y eficiencia del gasto, en medio de “escándalo tras escándalo”.
- Nuevos gravámenes (como los propuestos en el borrador: patrimonio a personas jurídicas, GMF, IVA a juegos online, impuestos a cigarrillos e hidrocarburos) golpearían a hogares y empresas ya presionados por inflación rígida y costos altos.
Alerta por vacancia judicial y llamado a la Corte
Cabal criticó el timing: el posible decreto en vacancia judicial (fin de año) imposibilitaría control oportuno. “Confiamos en que la Corte Constitucional realice un examen riguroso y, de ser necesario, declare la inexequibilidad con efectos retroactivos”.
Esta sería la cuarta emergencia económica de la administración Petro, tras La Guajira, Catatumbo y fiebre amarilla.
Contexto: un año de ajustes y rechazos
El anuncio llega tras recortes acumulados de $14,3 billones en el PGN 2025 y el rechazo definitivo a la segunda tributaria. El Gobierno invoca el “desfinanciamiento” de $16,3 billones y la unificación de la UPC ($3 billones extra por orden de la Corte) como hechos sobrevinientes.
Gremios como ANDI (Bruce Mac Master ya pidió suspensión provisional) y ahora Fenalco preparan acciones legales, coincidiendo en que el impacto (2,9 % del PGN 2026) no justifica emergencia.
El debate se intensifica: ¿herramienta legítima para crisis fiscal o exceso ejecutivo en un sistema de checks and balances? La Corte Constitucional tendrá la última palabra, en un cierre de 2025 marcado por tensión entre Ejecutivo y Congreso.
