Foto: Cortesía
La Corte Constitucional declaró inconstitucional la exigencia de 1300 semanas de cotización para que las mujeres obtengan la pensión de vejez en el régimen de prima media. La decisión se tomó tras estudiar una demanda que argumentaba que la norma vulneraba el derecho a la igualdad y a la protección especial de las mujeres.
La Sala Plena consideró que la norma generaba una situación de discriminación indirecta para las mujeres, al no tener en cuenta las barreras y dificultades que enfrentan en el mercado laboral y en el ámbito del cuidado. Además, señaló que la diferencia en la edad pensional entre hombres y mujeres, que es de cinco años, resulta insuficiente para garantizar condiciones de justicia material para ellas.
La Corte explicó que el derecho a la seguridad social es un camino indispensable para realizar la dignidad, la justicia y la solidaridad, y que la protección pensional debe aplicarse progresivamente bajo condiciones de igualdad, que eliminen toda discriminación por razones de género.
La Corporación concluyó que la norma demandada, aunque buscó mejorar las condiciones financieras del régimen de prima media en su interacción en el sistema de pensiones vigente, genera un impacto desproporcionado en los derechos de las mujeres, particularmente, en la necesidad de garantizar su autonomía e independencia económica en la vejez.
Para la Corte, aplicar un trato idéntico entre hombres y mujeres, a pesar de que cada grupo enfrenta condiciones distintas en el ámbito laboral y de la seguridad social y de que no se ha superado una situación estructural de discriminación que las afecta, se traduce en que la norma no contiene el enfoque de género que constitucionalmente se demanda en la actualidad.
Así mismo, indicó que aunque la medida es efectivamente conducente y necesaria para garantizar el principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional, no lo es para realizar los principios de universalidad y progresividad en relación con el acceso de las mujeres a la pensión de vejez.
Y advirtió que la medida genera un sacrificio desproporcionado de los derechos de las mujeres a la dignidad humana, a la igualdad, a la seguridad social, a la pensión, al mínimo vital y a obtener una protección especial en el ámbito laboral y de la seguridad social. Así, acreditó su inconstitucionalidad y consideró la necesidad de adelantar un ejercicio de ponderación que permitiera adoptar una decisión que realice, en el mayor grado posible, los principios constitucionales de universalidad y sostenibilidad financiera en tensión.
La Corte no fijó un nuevo número de semanas de cotización para las mujeres, sino que le ordenó al Congreso de la República que expida una nueva ley que regule el tema, teniendo en cuenta los criterios establecidos en la sentencia. Mientras tanto, se aplicará la norma anterior a la demandada, que exigía 1000 semanas de cotización para las mujeres.
La decisión fue adoptada con una votación mayoritaria de siete magistrados contra dos. Los magistrados Jorge Enrique Ibáñez y Alejandro Linares salvaron su voto, al considerar que la norma demandada no era discriminatoria y que correspondía al legislador definir los requisitos para acceder a la pensión de vejez.
Ante la evidencia de barreras y obstáculos para que las mujeres accedan y se mantengan en el mercado laboral y puedan garantizar su derecho pensional, así como las condiciones de inequidad que experimentan las mujeres en la economía del cuidado, la informalidad, la vulnerabilidad y la exclusión, la Corte exhortó al Congreso y al Ejecutivo para que adopten políticas y programas complementarios a la política pública pensional, que contribuyan a cerrar la brecha en la equidad de género.
Finalmente, se estableció que los efectos de la decisión se aplicarán a partir del 1 de enero de 2026, por cuanto si para esa fecha no se ha adoptado el nuevo régimen, se dispuso por la Corte que el número de semanas mínimas de cotización que se exija a las mujeres para obtener la pensión de vejez en el régimen de prima media se disminuirá en 50 semanas por el año 2026 y, a partir del 1° de enero de 2027, se disminuirá en 25 semanas cada año hasta llegar a 1000 semanas.
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