A través de un pronunciamiento oficial de su junta directiva nacional, el gremio advirtió sobre las dificultades de adaptación para los pequeños productores del país:
Bogotá- 14 de julio de 2026. A partir de este miércoles 15 de julio de 2026, la jornada laboral máxima en Colombia experimenta un cambio definitivo: pasa de 44 a 42 horas semanales sin que se disminuya el salario mensual ni las prestaciones de los trabajadores.
Ante esta realidad, la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ACOPI) lanzó una alerta técnica. Según sus proyecciones, esta modificación se traduce en un incremento del 4,76 % en el costo de la hora ordinaria de trabajo para las empresas.
A través de un pronunciamiento oficial de su junta directiva nacional, el gremio advirtió sobre las dificultades de adaptación para los pequeños productores del país:
«Para una micro o pequeña empresa, dos horas menos por cada trabajador pueden representar una reducción significativa de su capacidad operativa. Si esas horas deben reemplazarse con trabajo extra diurno, el impacto sobre el componente laboral afectado puede acercarse al 6 %, y será aún mayor cuando se trate de jornadas nocturnas, dominicales o festivas».
¿Cómo afecta la reducción de la jornada laboral a las MiPymes?
El incremento del 4,76 % por hora no implica necesariamente que el gasto total de nómina suba en esa proporción de forma inmediata para todos. La afectación final dependerá de la flexibilidad operativa de cada negocio.
Aquellas compañías que no requieran atención continua podrán ajustar sus flujos de trabajo sin mayor traumatismo. No obstante, las empresas obligadas a mantener horarios fijos de atención al público o manufactura continua tendrán que pagar horas extras o contratar personal adicional para cubrir el vacío de dos horas semanales.
Este panorama, según los voceros de ACOPI, presiona a las unidades productivas en un contexto donde «ingresos, ventas y productividad no están creciendo al mismo ritmo».
El efecto acumulado: un combo de sobrecostos para el empresario
Desde la perspectiva gremial, el impacto de la reducción de la jornada laboral no se da en el vacío. Coincide con otras cargas regulatorias que están presionando la sostenibilidad financiera del sector privado:
- El incremento del salario mínimo legal para la vigencia de 2026.
- La extensión de la jornada nocturna que ahora inicia a las 7:00 p. m.
- El aumento progresivo de los recargos por el trabajo desarrollado en días domingos y festivos.
La coincidencia de estas medidas, advierte el gremio, podría empujar a diversos negocios a recortar sus horarios de atención comercial, suspender temporalmente nuevos procesos de contratación o, en el peor de los escenarios, deslizarse hacia esquemas de informalidad laboral para subsistir.
Los 10 sectores productivos más expuestos en el territorio
El impacto de la medida será asimétrico, afectando principalmente a las actividades que son intensivas en mano de obra y que no pueden detener sus operaciones.
| Categoría Sectorial | Sectores Altamente Afectados |
| Servicios y Comercio | Comercio minorista, Hoteles, restaurantes y turismo, Vigilancia y seguridad privada, Call centers y BPO. |
| Operación y Logística | Transporte, almacenamiento, logística, Aseo y mantenimiento urbano. |
| Producción e Infraestructura | Industria manufacturera, Construcción, Actividades agropecuarias. |
| Cuidado y Asistencia | Salud y servicios de cuidado permanente. |
¿Qué están haciendo las pequeñas empresas para mitigar el golpe?
Para amortiguar el incremento de los costos por hora, las micro, pequeñas y medianas empresas en Colombia están aplicando estrategias de reingeniería interna como la redistribución de las 42 horas en turnos de 5 o 6 días semanales.
De igual forma, se busca la aceleración en la adopción de herramientas digitales y la automatización de procesos básicos. Sin embargo, ACOPI enfatiza que la gran mayoría de microempresas carece de la caja necesaria para tecnificarse de la noche a la mañana.
Por ello, el gremio hizo un llamado urgente al Gobierno nacional para implementar líneas de financiamiento blando y programas de asistencia técnica que protejan a quienes generan el empleo en el país.
