El proyecto de ley ordinaria de la Jurisdicción Agraria fue archivado en la Cámara de Representantes al quedarse sin tiempo en la legislatura. El Gobierno lo radicará de nuevo el 20 de julio.
Bogotá, 16 de junio de 2026. La agenda legislativa del país sufrió una modificación de última hora que impacta de manera directa las políticas de tierras y los compromisos de desarrollo rural. Desde la Cámara de Representantes, la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Carvajalino, informó de manera oficial al país que el proyecto de ley ordinaria diseñado para reglamentar e implementar la Jurisdicción Agraria fue archivado, debido a que los tiempos del Congreso no alcanzaron para dar inicio a la discusión y posterior aprobación de su articulado.
La caída de la iniciativa se produjo a tan solo una sesión de finalizar formalmente el periodo de legislatura. Según explicaron fuentes del sector e institucionales, el orden del día de la corporación volvió a ser modificado durante la plenaria, una decisión que cerró el margen de maniobra temporal e impidió el avance de esta justicia especializada. Esta herramienta jurídica ha sido catalogada por diversos sectores sociales como una deuda histórica que más de 10 millones de campesinos y campesinas han esperado durante décadas para dirimir de forma ágil y pacífica sus conflictos relacionados con la tenencia, propiedad y uso de la tierra.
El plan de contingencia del Ejecutivo para el 20 de julio
Pese al hundimiento de la norma en esta etapa, el Ministerio de Agricultura enfatizó que la propuesta estructural no será engavetada ni abandonada por la actual administración. El Gobierno nacional confirmó que presentará nuevamente esta iniciativa ante el Congreso de la República el próximo 20 de julio, coincidiendo con la instalación formal del nuevo periodo legislativo de 2026.
La jefe de la cartera agropecuaria reiteró la importancia de este modelo judicial para los territorios rurales, manifestando que el Ejecutivo mantiene la firme convicción de que establecer una justicia especializada para el campo constituye una condición indispensable para devolver la dignidad al campesinado, garantizar la seguridad jurídica sobre los predios y avanzar de forma sólida en los compromisos de construcción de paz y resolución de la conflictividad histórica en las regiones de Colombia.
