España, 5 de junio de 2026. El Estado colombiano enfrenta un nuevo y complejo capítulo judicial en los tribunales federales de Norteamérica debido a un prolongado litigio por la seguridad jurídica de las inversiones extranjeras en infraestructura digital. Según confirmaron fuentes conocedoras del proceso a la agencia EFE, la multinacional española Telefónica radicó de manera formal una demanda de Telefónica contra Colombia en Estados Unidos.
La acción legal busca que la justicia estadounidense reconozca y ordene la ejecución forzosa de un laudo arbitral internacional que condena a la nación andina a pagar una suma que, indexada con intereses acumulados, se aproxima a los 500 millones de dólares.
Origen del conflicto: Concesión de espectro y reversión de activos
La disputa jurídica tiene sus raíces en el año 1994, época en la cual el Gobierno de Colombia otorgó a la firma española una concesión de espectro radioeléctrico para la prestación de los primeros servicios de telefonía móvil celular en el territorio nacional.
No obstante, cuatro años más tarde, el Congreso de la República aprobó una legislación que obligaba a la reversión de determinados activos físicos y bandas asociadas a estos contratos. Aunque en 2013 la Corte Constitucional colombiana dictaminó que aplicar estas normas de forma retroactiva vulneraba los derechos adquiridos en los contratos originales, un arbitraje local en la Cámara de Comercio de Bogotá falló a favor del Estado en 2016. Por esta razón, la multinacional decidió trasladar el caso al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) en 2018, argumentando una alteración sustancial y arbitraria del marco regulatorio.
Fallo del CIADI y el rechazo a los recursos de Colombia
El tribunal del CIADI, adscrito al Grupo Banco Mundial, dictó su laudo definitivo el 12 de noviembre de 2024. El fallo concluyó de forma unánime que las acciones estatales constituyeron una flagrante ruptura del estándar de trato justo y equitativo contemplado en el Tratado Bilateral de Inversiones (APPRI) vigente entre España y Colombia. Como consecuencia, el organismo ordenó una indemnización base de 380 millones de dólares, adicionando una penalidad del 5% de interés anual hasta el día de su pago efectivo.
Posteriormente, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) solicitó la suspensión y anulación de la decisión. Sin embargo, a comienzos del año 2026, el CIADI rechazó la contraofensiva de Colombia debido a que el Gobierno no aportó las garantías financieras requeridas por el tribunal para congelar el cobro.
Radicación en Estados Unidos y salida del mercado colombiano
La radicación de la demanda de Telefónica contra Colombia en Estados Unidos se ejecutó el pasado 2 de junio. Esta decisión se tomó después de que el Ejecutivo colombiano anunciara en abril que agotaría hasta el último recurso en instancias internacionales para salvaguardar los fondos públicos. Al percibir que el país no realizaría el desembolso voluntario, la firma europea optó por activar los mecanismos de embargo en plazas judiciales externas.
Finalmente, este pulso legal coincide con el desmantelamiento operativo de la multinacional en el mercado local. En febrero de 2026, Telefónica cerró de forma definitiva la venta de su operación en Colombia a la corporación Millicom por una suma de 214 millones de dólares. Este movimiento responde a una estricta estrategia corporativa de desinversión en Hispanoamérica, una región donde la operadora española actualmente solo conserva su filial en Venezuela, activo de la cual también adelanta gestiones para desprenderse. En conclusión, el litigio se traslada a la jurisdicción de los Estados Unidos, marcando un precedente crítico en materia de riesgo regulatorio para la inversión transnacional en el país.
