LIMA, 3 de junio de 2026. La competencia por el Poder Ejecutivo en el territorio peruano ingresó en su fase definitiva con miras a los comicios del próximo domingo 7 de junio. En este contexto, el electorado acude a las urnas en medio de una fragmentación política histórica, dado que ambos finalistas acumularon apenas el 29,22% de los apoyos en la primera ronda. Por lo tanto, las propuestas de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez representan visiones ideológicas radicalmente opuestas para conducir un país que contabiliza nueve mandatarios en la última década. En consecuencia, el diseño de sus planes institucionales busca atraer el voto del centro urbano y garantizar gobernabilidad en el Congreso.
El plan de Keiko Fujimori: «Perú con Orden» y libre mercado
La aspirante del partido Fuerza Popular estructuró una campaña de corte abiertamente fujimorista, respaldada en el legado político de su padre. Por consiguiente, su plataforma programática prioriza el combate a la delincuencia organizada y la estabilidad de las variables macroeconómicas mediante la atracción de capitales transnacionales.
- Seguridad Ciudadana: Propone edificar cuatro centros penitenciarios de máxima seguridad gestionados temporalmente por las Fuerzas Armadas. Asimismo, plantea el despliegue conjunto de policías y militares en las calles, sumado al restablecimiento de los «jueces sin rostro» y la expulsión de migrantes irregulares indocumentados.
- Economía y Desarrollo: Su doctrina defiende la inversión privada y la disciplina fiscal como motores del Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, analistas económicos señalan inconsistencias debido a la falta de claridad en el financiamiento de las obras de infraestructura prometidas.
- Educación y Salud: Plantea la dotación de laboratorios digitales en escuelas de la Amazonía y zonas rurales, junto con el fortalecimiento del fondo para patologías de alto costo y la telemedicina nacional.
El giro de Roberto Sánchez: «Programa de Consenso» y control estatal
Por otra parte, el líder de Juntos por el Perú modificó su estrategia tras el debate del 31 de mayo con el fin de moderar su discurso radical. Por esta razón, el candidato reemplazó su documento original ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por un texto de 114 páginas redactado junto a cuatro colectivos aliados.
- Reforma Constitucional: Aunque mantiene el postulado de redactar una nueva Carta Magna, la Asamblea Constituyente dejó de ser el eje central inmediato. Ahora, Sánchez plantea una «reforma de consenso» supeditada a los resultados de una consulta popular.
- Esquema Económico: Su propuesta exige una mayor intervención estatal en la economía, incluyendo la nacionalización de activos estratégicos como el yacimiento de gas del país. No obstante, el nuevo plan asegura el respeto estricto a los tratados de libre comercio y la autonomía del Banco Central de Reserva.
- Seguridad e Instituciones: En lugar de edificar prisiones, su propuesta se enfoca en crear una Policía de Investigaciones y reformar la Policía Nacional desde adentro.
Desafíos judiciales y gobernabilidad legislativa
Ambas alternativas de gobierno cargan con serios cuestionamientos que condicionan su credibilidad ante la opinión pública. Mientras Fujimori arrastra el lastre de los procesos por lavado de activos vinculados al caso Odebrecht (anulados en 2025), Sánchez enfrenta indagaciones por presunto fraude en aportes financieros de campaña y críticas por su cercanía al sector radical de Antauro Humala.
A esta coyuntura se añade la emergencia de un movimiento de voto en blanco organizado que debilita el respaldo del futuro gobernante. En conclusión, las propuestas de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez marcan una polarización absoluta que pondrá a prueba la resiliencia de las instituciones peruanas frente a un Congreso que carecerá de mayorías absolutas.
