SANTA MARTA. 28 de Mayo de 2026. La Asociación de Bananeros del Magdalena y La Guajira (Asbama) manifestó su firme rechazo a la propuesta del presidente Gustavo Petro de promover un pacto para disminuir la producción del sector bananero en Colombia en la región Caribe, una iniciativa gubernamental que busca liberar caudales hídricos para el consumo humano pero que, según el gremio, carece de sustento técnico.
El presidente ejecutivo de la agremiación, José Francisco Zúñiga, argumentó que culpar a la agroindustria por la escasez de agua potable es un diagnóstico equivocado que ignora las fallas estructurales de la gestión pública e infraestructura en la región. Asimismo, advirtió que limitar la actividad económica generaría un severo impacto socioeconómico en el departamento del Magdalena, donde el cultivo no solo representa el motor del empleo formal rural, sino el sustento directo de miles de familias campesinas y pequeños productores que dependen de esta cadena de valor.
El impacto socioeconómico: Empleo y dinamismo regional
Por un lado, las cifras sectoriales demuestran que el banano constituye la columna vertebral del mercado laboral formal en el departamento del Magdalena. El cultivo absorbe el 9,4% de los puestos de trabajo formales de la región, sosteniendo de manera directa a más de 18.000 familias e integrando a más de 500 pequeños productores independientes. Por otro lado, la irrigación de recursos a la economía local es masiva, representando una inyección anual cercana a los 800.000 millones de pesos exclusivamente por concepto de salarios de trabajadores, transportadores y técnicos de empaque.
Específicamente, restringir las hectáreas productivas no afectaría a grandes corporaciones transnacionales, sino que golpearía el tejido social rural y los proyectos de vida de los campesinos locales. Por esta razón, Asbama recordó que las empresas del sector actúan como un motor de desarrollo comunitario, cofinanciando la rehabilitación de puentes, comedores escolares, acueductos municipales e infraestructura educativa para cerrar brechas sociales crónicas que el Estado no ha logrado atender de forma eficiente.
Evidencia técnica contra percepciones políticas
Por otra parte, el debate sobre la seguridad hídrica en el Caribe colombiano debe desmarcarse de las narrativas políticas para fundamentarse en datos científicos. Zúñiga defendió que el gremio lleva años liderando la modernización del agro mediante la adopción de estaciones meteorológicas, sensores de humedad del suelo y la transición masiva hacia sistemas de riego por goteo y microaspersión, tecnologías diseñadas para optimizar cada metro cúbico del recurso hídrico.
En efecto, el compromiso ecológico de la actividad bananera se materializa en la articulación con autoridades ambientales del orden regional e internacional. En consecuencia, el gremio participa activamente en la Plataforma de Custodia del Agua —orientada a la protección de las cuencas de los ríos Frío, Sevilla, Tucurinca, Aracataca y Fundación—, lidera el proyecto GEF-7 para recuperar la Ciénaga Grande de Santa Marta y forma parte del programa Colombia Agropecuariamente Sostenible, respaldado financieramente por el Fondo Verde del Clima.
Soluciones estructurales frente a la crisis del agua
Adicionalmente, los bananeros insistieron en que el desabastecimiento de agua potable en el norte del país responde a un rezago histórico en inversión de servicios públicos y no a la presencia de la agricultura comercial. Para Asbama, solucionar la crisis requiere planes de largo plazo enfocados en construir acueductos eficientes, modernizar distritos de riego obsoletos y optimizar la transparencia y eficiencia en la ejecución del gasto público regional.
Finalmente, la dirigencia gremial reiteró la disposición total del empresariado para construir e integrar mesas de diálogo que den forma a soluciones reales. En resumen, la sostenibilidad económica del sector bananero en Colombia no puede sacrificarse bajo medidas regulatorias restrictivas que trasladen al agro obligaciones de inversión que competen exclusivamente al Estado, poniendo en riesgo la estabilidad laboral y la paz social del Caribe colombiano.
