El Gobierno refuerza seguridad de Paloma Valencia tras amenazas de muerte. Ofrecen recompensa de $1.000 millones.
BOGOTÁ — 12 de abril de 2026. El clima político en Colombia se ha tensado significativamente tras las recientes amenazas de muerte contra la senadora y candidata presidencial por el Centro Democrático, Paloma Valencia. A propósito de la denuncia realizada por el expresidente Álvaro Uribe sobre la circulación de imágenes intimidatorias (coronas fúnebres), el Gobierno Nacional anunció el reforzamiento inmediato de sus esquemas de protección.
Este resultado se traduce en una movilización institucional a menos de dos meses de los comicios del 31 de mayo, donde Valencia aparece como una de las principales figuras de oposición. Dicho lo anterior, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, confirmó una recompensa de hasta $1.000 millones por información que permita dar con los responsables de estas amenazas que ponen en riesgo la estabilidad del país.
Bajo este escenario, el Ejecutivo busca garantizar que la contienda electoral no se vea empañada por la violencia que ya cobró la vida del senador Miguel Uribe el año pasado.
Respuesta institucional y garantías electorales
La administración nacional, a pesar de las diferencias ideológicas, ha rechazado de manera tajante cualquier intento de intimidación contra los aspirantes. Para empezar, el ministro del Interior, Armando Benedetti, informó a través de sus canales oficiales que las autoridades ya están actuando para esclarecer los hechos. Posteriormente, diversos sectores han señalado que estas acciones evidencian un deterioro preocupante del ambiente democrático en un contexto donde grupos armados han ganado terreno en diversas regiones del país.
En este orden de ideas, los pilares de la respuesta estatal son:
- Protección Efectiva: Incremento de unidades de seguridad para la candidata Valencia y vigilancia especial sobre su entorno.
- Incentivos a la Inteligencia: Activación de la recompensa millonaria para desarticular las redes de intimidación.
- Solidaridad Transversal: Rechazo unánime desde gremios como AmCham Colombia, donde su presidenta, María Claudia Lacouture, calificó el hecho como «cobarde y antidemocrático».
Por consiguiente, la campaña entra en una fase crítica donde la seguridad de los candidatos será la prioridad máxima del Ministerio de Defensa.
El pulso político y el contexto de violencia
La senadora Valencia, de 48 años, ha subido con fuerza en las encuestas, situándose como la principal contendiente frente a Iván Cepeda, dirigente del oficialismo. En particular, la candidata agradeció la solidaridad del país y reafirmó su intención de seguir adelante con su propuesta de una «Colombia sin miedo». Cabe subrayar que este episodio ocurre en medio de lo que expertos consideran la peor crisis de seguridad desde la firma de la paz en 2016, con grupos armados fortalecidos tras procesos de negociación fallidos.
En resumidas cuentas, la institucionalidad colombiana se enfrenta al reto de blindar las urnas frente a la coacción violenta. Finalmente, se espera que el Gobierno mantenga un monitoreo constante sobre el mapa de riesgos electorales en las próximas semanas.
